Empieza hoy en Tegucigalpa el primer juicio por el asesinato de la activista indígena hondureña Berta Cáceres. En el banquillo de los acusados se sentarán los ocho hombres que fueron detenidos como autores materiales de la muerte de Cáceres, asesinada a tiros el 3 de marzo de 2016 en su casa, en la ciudad de La Esperanza, al oeste del país. Los acusados también serán juzgados por la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de Cáceres el día del ataque y resultó herido.
Entre los detenidos hay sicarios, militares y representantes de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la empresa que estaba a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres se opuso firmemente. La activista lideró protestas masivas en su contra y presentó decenas de denuncias ante la Fiscalía. La represa empezó a construirse sobre el río Gualcarque, considerado sagrado para la comunidad lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, a la que pertenecía Cáceres.
Los detenidos que están directamente vinculados a DESA son Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo. El primero era el gerente de asuntos comunitarios y ambientales de la empresa en el momento del asesinato de la activista. El segundo fue jefe de seguridad de la compañía entre 2013 y 2015. Antes de morir, Cáceres –que presidía el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras– denunció haber recibido amenazas de los dos hombres.
En marzo de este año, también fue detenido el presidente ejecutivo de DESA, Roberto Castillo, quien enfrentará un juicio por separado en una fecha que aún se desconoce. Castillo es acusado de ser el autor intelectual del crimen.
Sin embargo, la familia de la ambientalista insiste en que hay más personas involucradas en el asesinato y que las autoridades no amplían la investigación porque se trata de altos cargos de la empresa e incluso del gobierno hondureño. Los ocho imputados “no son los autores intelectuales en el escalón más alto de este asesinato, sin embargo, esperamos que las personas de las que se tiene evidencia clara sean condenadas y que haya justicia en este nivel y también en un nivel de autoría intelectual más alto”, dijo el jueves una de las hijas de la activista asesinada, Olivia Zúniga, en una entrevista con la agencia de noticias Efe.
Directamente, Zúniga volvió a acusar a la junta directiva de DESA de planificar el asesinato de su madre y criticó al sistema judicial de su país por “no estar actuando de manera correcta a favor de la justicia y en contra de la impunidad”.
En este sentido, recordó que en noviembre de 2017 el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) concluyó después de analizar los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, imágenes y otras pruebas en los celulares de las personas imputadas que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Cáceres ya habían comenzado en noviembre de 2015. Además, el GAIPE aseguró que tanto la empresa de seguridad de la compañía como las autoridades hondureñas y las entidades internacionales que financian el proyecto jugaron un papel en la trama que acabó con su vida.
Ante la denuncia de irregularidades en el proceso por parte de la familia Cáceres, el juicio será observado de cerca por una comisión de expertos en derechos humanos integrada por representantes de ocho países. La organización Amnistía Internacional también confirmó que seguirá el juicio en calidad de observador para asegurarse de “que las autoridades hondureñas garanticen que se cumplen las normas internacionales de justicia procesal y que la justicia prevalece en uno de los crímenes más emblemáticos de la historia reciente de la nación”. Se espera que el juicio se extienda hasta el 19 de octubre.