Varias organizaciones civiles nicaragüenses denunciaron en los últimos días que el gobierno de Daniel Ortega continúa llevando adelante detenciones extrajudiciales y amenaza a los líderes de las manifestaciones en su contra. Así el Ejecutivo busca “evitar que escale la protesta”, aseguró Azahálea Solís, la delegada de la oposición para el diálogo con el gobierno, que está suspendido desde hace meses.

Jean Carlos López, de la organización Coalición Universitaria, una de las que integran el frente político y social opositor que promueve las protestas, aseguró en declaraciones a la agencia de noticias AFP que la fuerzas gubernamentales “están detrás de los líderes que mantienen activa la protesta en las calles”.

Según las organizaciones sociales, 500 personas o más están detenidas por liderar, convocar o participar en protestas contra el gobierno. De esas 500, 300 fueron acusadas de actos terroristas u otros delitos, dijo Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El gobierno reconoció ayer que 201 personas están presas por “actos vandálicos y terrorismo”, cargos que suelen imputarse a quienes participan en las movilizaciones, pero aseguró que se les están “garantizando y respetando sus derechos humanos” y que “no hay ningún preso detenido de manera ilegal”.

La norma que ha permitido esas detenciones, la ley anticorrupción aprobada en julio, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado esta semana por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La organización argumenta que el objetivo de la ley es criminalizar las protestas contra el gobierno.

Pero la prisión no es la única dificultad que pueden enfrentar los opositores al gobierno. El Movimiento Campesino ha denunciado, por ejemplo, que la detención y el asesinato de los líderes de la organización y de sus parientes lo ha forzado a renovar continuamente a sus dirigentes que, a su vez, deben desplazarse continuamente para no ser objeto de ataques como los que sufrieron sus antecesores. En otro caso, la Asociación Médica Nicaragüense denunció que desde que los médicos se sumaron a las protestas, en julio, 300 profesionales fueron despedidos de hospitales.

Esto no ha frenado las movilizaciones de las organizaciones sociales y agrupaciones opositoras, que continuamente impulsan las más diversas actividades para reclamar Justicia por las más de 300 personas muertas en la represión de las protestas y la liberación de lo que consideran presos políticos.

Las denuncias fuera y dentro de Nicaragua no han modificado en lo más mínimo el discurso del gobierno de Ortega. De hecho, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, aseguró ayer que las protestas, a las que el oficialismo considera violentas, son parte de “planes diabólicos” que “se desataron sobre Nicaragua” y no propios de la “cultura” y “práctica” de los nicaragüenses.

Las referencias religiosas son frecuentes en el discurso de Murillo. Según la página web de la radio Nueva Ya, la vicepresidenta leyó ayer una “reflexión” en la que llamó a hacer “el bien” y afirmó: “Así es como queremos ir adelante en nuestra Nicaragua, con mucha bondad, con mucha generosidad, con mucha solidaridad como familia nicaragüense que cree en Dios, que reza a Dios todos los días, que invoca a Dios todos los días, desde el amanecer, para pedir que continúe derramando sus bendiciones sobre nuestra Nicaragua”.