En agosto dejó el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), pero todavía recorre el edificio diariamente. Rodrigo Arim menciona algunos logros que tuvo el rectorado de su contrincante, el actual rector Roberto Markarian, pero considera que el período estuvo marcado por la falta de acuerdos. Asegura que en la Universidad de la República (Udelar) hay “bolsones de ineficiencia” y que hay que atender esos aspectos “con decisión y sin culpa”. Opina que la Ley Orgánica comienza a ser “una traba para la institución”, pero no ha sido posible cambiarla porque existe un “bloqueo político”. Plantea también una convicción: si a la universidad no se le dan las herramientas necesarias el país tendrá “dificultades crecientes en el futuro cercano”.

¿Cuáles deben ser los temas prioritarios para el próximo rectorado?

Para los próximos cuatro años veo dos grandes líneas conductoras. Son años bastante peculiares: tenemos los últimos dos años de este período de gobierno, con un presupuesto incremental que probablemente sea prácticamente cero, con escaso margen para nuevos recursos, y una segunda mitad del próximo rectorado que estará asociada a la Ley de Presupuesto Quinquenal, con un nuevo escenario político, con un nuevo gobierno. En este escenario, los esfuerzos de la Udelar tienen que estar concentrados en la elaboración programática, pensando en horizontes largos, de diez, 15 o 20 años, diseñando programas e instrumentos en las grandes áreas donde la universidad tiene responsabilidades que sean consistentes con la visión de universidad, o, para ser más amplios, de educación superior y terciaria pública que requiere el país. Eso se expresa en dos grandes prioridades. La primera: una ley presupuestal que sea el reflejo de un programa de desarrollo de la universidad que abarque los siguientes cinco años, los que se inauguran a partir de la nueva ley presupuestal; tiene que ser un pedido transparente, robusto y muy defendible ante la opinión pública y el sistema político en particular. Eso requiere metas precisas en educación, investigación, extensión y relacionamiento con el medio; identificar cuáles son los mejores instrumentos para que la universidad se desarrolle y vaya al encuentro de algunos objetivos, como es la democratización del acceso a la educación terciaria y superior –ahí Uruguay tiene algunos déficits y atrasos importantes–; y también la consolidación de la investigación de calidad en todas las áreas del conocimiento y respetando la diversidad, pero que implica también un compromiso claro con el país, compromiso que debe expresarse en instrumentos y metas. Es desde ahí que podemos convencer al sistema político de que no invertir en la educación, fundamentalmente en la Udelar, va a implicar costos para el país que son impostergables.

El segundo elemento que debe estar nuevamente en agenda es la transformación del marco normativo de la Udelar, incluyendo la Ley Orgánica [LO]. Estamos en una situación –que se va agravando con el paso del tiempo– en la que la LO, más que nada algunas disposiciones, se convierten en una camisa de fuerza para el desarrollo institucional. Hemos hecho esfuerzos de cambiar la estructura de la universidad en la cornisa de la propia ley, por ejemplo con el fortalecimiento de las áreas, lo que creo que es una buena noticia, o la creación de los centros universitarios regionales, la creación de los consejos delegados (académico y de gestión financiera y presupuestal), pero seguimos teniendo un problema serio con la estructura de base de la universidad, una estructura cuya ley fue votada en 1958 para una universidad que tenía menos estudiantes de lo que tiene la FCEA sola hoy, y con muchos más docentes, funcionarios no docentes y servicios. Creo que hay un conjunto de déficits institucionales que requieren ser atendidos desde una reforma de la ley. Esos, para mí, son los dos grandes puntos prioritarios de una agenda futura.

¿Por que no se ha logrado reformar la LO?

Hubo varios intentos; quizá el más reciente y sistemático fue el que encabezó el rector [Rodrigo] Arocena. Creo que hubo un bloqueo político, hubo un cambio de correlación de fuerzas interna en la institución, y un conjunto de colectivos que no estaban de acuerdo en discutir la LO lograron imponer esa dinámica. Obviamente, la universidad pudo seguir avanzando sin reformar la ley; el punto es que comienza a ser una traba para la institución. Hubo otros temas que afectaron, como la forma en la que se discutió la representatividad de los órdenes, cómo constituir un nuevo Consejo Directivo Central [CDC]; obviamente no puede estar fundado en la lógica federativa de sumar más servicios, porque lo transforma en un órgano imposible de que sea operativo cada 15 días. Hoy tenemos una composición parecida a la de un Senado, con tareas mucho más cotidianas y ejecutivas que lo que puede ser el trabajo de elaboración programática y estratégica. Hay un área que debemos tratar con seriedad, estamos con déficits democráticos importantes en la institución: hay docentes, estudiantes y egresados que tienen voz y voto en el máximo órgano de la institución, otros que tienen voz pero no tienen voto, y algunos docentes y estudiantes que no tienen ni voz ni voto. Eso habla del desarrollo que tiene la Udelar; es un hecho que somos una institución mucho más amplia y democrática en su acceso y más diversa, pero eso tiene que ser reflejado también en sus órganos de conducción. Acá no hay ninguna trivialidad, de hecho este problema está desde hace mucho tiempo: la Facultad de Ciencias fue creada en 1990 y luego de eso se crearon varias facultades y servicios, sucesivamente, y no hemos logrado, en casi 30 años, cambiar esta situación de base. Por lo tanto, creo que requiere un tratamiento específico. Tenemos que cambiar también el modelo federativo. ¿Cuál es el modelo institucional que puede surgir? Se verá; posiblemente fortalecer y generar delegaciones rotativas a partir de las áreas en el máximo órgano de conducción, como el CDC, puede ser una idea razonable, pero eso es parte de la discusión que tenemos que mantener. A la vez, tenemos que recuperar autonomía. No va a ser la última vez en los próximos 20 o 30 años que la universidad se vea en la necesidad de cambiar su estructura orgánica; particularmente si le va bien, particularmente si logramos aumentar la cantidad de estudiantes, diversificar nuestra ofertas de grado y posgrado, diversificar nuestra presencia en el territorio, es probable que en el futuro veamos la necesidad de volver transformar la estructura orgánica, y no debería ser un requisito pasar por el Parlamento cada vez que sea necesario. Creo que es importante que la universidad tenga la posibilidad de que, a partir de mayorías cualificadas, pueda transformar nuevamente su estructura y no dependa del Parlamento. Creo que son ingredientes de un cambio necesario. El fracaso anterior no puede ser un freno a la necesidad de discutir, como tampoco lo puede ser el hecho de que sea un tema complejo. Lo es, y desde su complejidad tenemos que abordarlo e intentar dar una solución universitaria al problema.

Se sabe que no habrá un aumento considerable de presupuesto en los próximos dos años. ¿Eso compromete la gestión? ¿Cómo se salva esa dificultad?

Las dificultades presupuestales son un dato de la realidad objetivo y preocupante. Creo que hay que priorizar algunos programas que tienen que ser protegidos desde el punto de vista presupuestal y buscar economías internas que nos permitan hacerlo; esto pensando en los próximos dos años, no en un plan presupuestal de largo aliento. Uno es el programa de dedicación total [DT], que es caro, pero es muy importante para la universidad y para el país; es prácticamente uno de los pocos instrumentos que tiene el país para lograr que jóvenes docentes con alto nivel de calificación a en posgrados, formados en el país o en el extranjero, tengan la posibilidad de desarrollar su vida académica full time; en algunas áreas de conocimiento, la universidad es la única opción. Si queremos evitar que vuelva a surgir el problema de que cohortes enteras de investigadores no se radiquen en el país porque no les generamos oportunidades razonables, el programa de DT tiene que ser protegido. Y lo digo con cierta preocupación, porque hoy es un programa desfinanciado: hay docentes cuyo ingreso al programa está aprobado académicamente pero no es posible efectivizarlo por un tema presupuestal, y esta cola va a crecer. Efectivamente, hay un ingreso asimétrico y debemos fomentar que se generalice en todos los servicios universitarios; y dentro del programa de DT, tenemos que priorizar a los jóvenes: quizás haya que buscar un mecanismo que permita priorizar a aquellos que están iniciando su carrera docente para que tengan una perspectiva razonable de desarrollarse en el país. La segunda área tiene que ver con esta noción perentoria de que el país requiere democratizar el acceso y la permanencia en el sistema de educación terciaria superior: tenemos que proteger la enseñanza de grado, entonces, de vuelta, es posible que tengamos que buscar algunos recursos para direccionarlos en los procesos de transición de secundaria hacia la universidad, protegiendo el ingreso a la institución, que es donde perdemos mayor cantidad de estudiantes, en el primer año. Quizás haya que innovar en este plano, pero tenemos que evitar que el deterioro presupuestal, que necesariamente implica una caída de la relación de horas docentes por estudiantes, se exprese en que en el momento del ingreso, que es el más crítico, tengamos una dificultad incremental. Ambos elementos los estoy pensando en términos de urgencias presupuestales; cuando uno piensa más en perspectiva y en programas de largo plazo, esto hay que incorporarlo en una lógica mucho más general sobre cuáles son los instrumentos y dispositivos de política que vamos a utilizar para fomentar el desarrollo de la investigación, para fomentar la carrera docente, para aplicar algunos dispositivos nuevos como el estatuto del personal docente –que posiblemente se apruebe–, qué innovación y qué sistemas de política vamos a tener para mejorar nuestros estándares de vinculación del estudiante con la institución, para abatir la desvinculación.

¿La universidad gasta bien, gasta mal? ¿Cómo espera generar esas economías para proteger estos dos programas?

Primero tengo que partir de la mirada del bosque, para después discutir temas puntuales. Si uno ve el costo global que tiene un egresado universitario para cada una de las áreas, es un costo muy bajo en el contexto internacional. Cuando se afirma que la Udelar hace un mal uso de los recursos, yo diría que sería bueno que se diga con qué estándar se está midiendo eso, porque si uno lo hace en términos comparativos de cuánto le sale al país cada egresado universitario estamos en niveles relativamente bajos. En este contexto, creo que hay algunas áreas de dificultades; es innegable que en la Udelar existen bolsones de ineficiencia, en varios servicios y en varias partes de la universidad, que hay que atender con decisión y sin culpa, porque son parte de los temas que tenemos que resolver. Entiendo que hay algunas formas, algunas metodologías de trabajo que solemos tener, que pueden no ser las más adecuadas para pensar en procesos de largo plazo. Por ejemplo, cuando tenemos recursos incrementales un año en particular, y son relativamente moderados, discutimos en el momento cómo asignarlos al año siguiente, pero no estamos discutiendo cómo asignarlos en función de objetivos de largo plazo. Y me parece que esa es una mirada que tenemos que recuperar: tenemos que asignar cada recurso incremental que tenga la Udelar en función de las prioridades que la propia institución estableció, no para el año siguiente, sino en términos de la construcción de políticas que trascienden un período rectoral. Esa lógica a veces se nos escapa en el funcionamiento cotidiano de la institución, porque entre otras cosas tenemos restricciones presupuestales importantes, entonces hay necesidades muy urgentes que deben ser atendidas. Claro, cuando hay un diseño presupuestal como el que tuvimos en este quinquenio, eso se hace mucho más complejo; estamos hablando de no conocer con exactitud qué recursos vamos a tener no ya en diez años, sino en cuatro.

En la interna universitaria se discute sobre cómo promover el acceso a la institución y disminuir la deserción, por ejemplo de quienes trabajan. ¿Qué propuestas tiene en ese sentido?

El primer elemento de diagnóstico que debemos tener en cuenta es que si nosotros queremos democratizar el acceso y la permanencia de la educación terciaria superior, la universidad debe asumirse como una institución que debe tener estudiantes diversos, heterogéneos y con realidades distintas: eso quiere decir que van a convivir estudiantes full time con estudiantes que combinan trabajo y estudio, y está muy bien que suceda, y queremos que permanezcan en la institución; van a convivir estudiantes que llegan con una formación “adecuada” a lo que se exige en primer año de facultad y otros que vienen con brechas de conocimiento. Reconocer la heterogeneidad implica reconocer la necesidad de diversificar mucho más los instrumentos y las trayectorias de estudios posibles en la institución. Ya hay experiencias, pero debemos lograr generalizarlas.

Rodrigo Arim.
Rodrigo Arim.

Hay cosas que están sucediendo que son súper importantes. Entre los estudiantes de la FCEA, en el marco de la descentralización encontramos que tienen un rendimiento bastante mejor que el que tendrían en Montevideo con características similares, por ejemplo. Y eso habla de que cuando se incorpora una dimensión distinta, como el hecho de acercar la institución al lugar de origen de los estudiantes, se logra también mejorar los rendimientos, y en ambientes distintos, porque son en contextos mucho más personalizados que en Montevideo. Creo que, a las claras, eso es un indicio de que hay caminos que tenemos que recorrer. No es que todos los instrumentos que hayamos desplegado, incluso en el marco de la descentralización, estén funcionando de forma adecuada; hay que evaluarlos, pero hay indicios claros de que [son ventajosas] la diversificación de modalidades de cursado, la aplicación correcta de la ordenanza de grado, que implica creditización, flexibilización, que implica la posibilidad de la navegabilidad en toda la Udelar una vez que uno ingresa. Son antídotos contra la deserción, y creo que no solamente hemos mejorado sino que se ve en los resultados. El egreso ha aumentado más que el ingreso en los últimos 13 o 14 años, y esa es una buena noticia para el país. Ese camino hay que seguir recorriéndolo, con nuevos instrumentos que se apoyen en la ordenanza, en los planes de estudio –que ahora están casi todos creditizados–. Pero debe ser una apuesta sistemática.

Una de las críticas que algunos colectivos le hacen a la ordenanza de grado es que se simplificaron las carreras de grado, se pasaron contenidos y es más necesario tener posgrados, y que estos posgrados son caros. ¿Qué opina?

Es una versión simplificada, maniqueísta y falsa de lo que son los procesos del cambio de la formación de grado en la Udelar. A veces se asocian a esquemas supuestamente internacionales de transformación de la educación superior, como puede ser el proceso de Bolonia, cambios como la creditización, la flexibilización o la navegabilidad interna del sistema, cuando en realidad esos cambios están escritos en forma explícita en el Plan Maggiolo. Es un anacronismo; tiene 60 años de discusión y en la Udelar estuvo en discusión antes del golpe de Estado. Recién se retomó con la apertura democrática, con servicios que creditizaron y flexibilizaron antes de la ordenanza, como algunas carreras de la Facultad de Ingeniería. La argumentación es falaz, además de profundamente injusta. Uno lo ve en los resultados de la FCEA: logramos duplicar el egreso, pasamos de un promedio de 500 egresados entre 2000 y 2011 a tener un promedio por encima de 1.000, que va a seguir creciendo algo por el efecto de la maduración del nuevo plan de estudios de 2012 y por los resultados de la descentralización. Ahora, ¿quiénes son los que están logrando egresar hoy, que no lo lograban antes? Antes del cambio de planes de estudio prácticamente la mitad de los egresados provenían de la enseñanza secundaria privada y la otra mitad, apenas más grande, de la educación secundaria pública. Hoy tenemos 65% de egresados que provienen de la educación secundaria pública, sin que haya cambiado la distribución de los ingresos; por lo tanto, quienes salieron favorecidos de estos procesos son estudiantes que provienen de contextos, en promedio, más desfavorables. El tema de los posgrados es adicional, tiene que ver no con que se pasaron contenidos a los posgrados, que no es cierto, sino que, en realidad, cada vez más la formación universitaria se articula por niveles, y hay posgrados pagos y otros no pagos; progresivamente tenemos que avanzar a que la accesibilidad de los posgrados sea una regla, lo que implica asignar recursos. Pero no es que se pasen contenidos a los posgrados; de hecho, los nuevos planes de estudio de carreras de grado tienen contenidos que no tenían los anteriores, porque flexibilizar y creditizar les permite a los docentes crear materias nuevas cuando aparecen temas nuevos en la investigación a nivel internacional, incorporar tópicos que están en debate. Antes esa posibilidad estaba básicamente cercenada por la rigidez que tenían los planes de estudio. Hoy es mucho más natural incorporar las novedades que la investigación genera a escala mundial en la formación de grado que lo que era antes.**

¿Cómo evalúa el rectorado de Markarian?

Creo que Markarian asumió con un conjunto de propuestas de las cuales, más allá de la coincidencia o divergencia en sus contenidos de fondo, logró viabilizar algunas, como la reestructura del servicio de extensión. Es probable que terminemos aprobando el Estatuto del Personal Docente en este período, una muy buena noticia para la Udelar, luego de casi una década de discusión. Hubo un intento, que le reconozco a Markarian, de intentar viabilizar una discusión sobre el Hospital de Clínicas en condiciones bastantes complejas, que no llegó a buen puerto pero que dejó un activo interesante para la Udelar, como el plan de reestructura del hospital, un avance importante en la dirección de contar con un proyecto universitario global, que permite empujar, con otros mecanismos de financiamiento, una necesidad que es de la universidad y del país. Creo que hay carencias importantes –yo sé que en esto tenemos algunas discrepancias relevantes con Roberto– en los procesos. Soy de los convencidos de que los procesos democráticos dentro de la institución universitaria deben generar apoyos en torno a líneas programáticas; si no, los vaciamos de contenido. Estoy convencido de que la forma en que se arriba al rectorado incide y mucho en la capacidad de transformar la institución, y creo que Roberto accedió al rectorado con algunos apoyos que, por ejemplo, siguen estando convencidos de que no hay que cambiar la LO, o de que la transformación de los planes de estudio a partir de la ordenanza de grado son en realidad un elemento nocivo para la institución. Entonces es muy difícil establecer una discusión, por ejemplo sobre la democratización del acceso a la educación terciaria como un elemento estratégico, y la flexibilización, la creditización y la navegabilidad en el sistema como elementos centrales para lograr esto, si accedemos al rectorado con un componente importante de nuestras alianzas que están diciendo que eso no es así. Lo mismo con la LO, y entiendo que eso es parte de las dificultades que se tiene cuando discutimos en el plano de la elección rectoral. Elegir un rector no es elegir a una persona, es procesar una discusión en la que una institución, cuya dirección es esencialmente colectiva, se pone de acuerdo en la necesidad de construir una agenda con algunos tópicos. Creo que el resultante final de esta campaña tendría que ser que la Udelar salga muy fortalecida en el plano de cuáles son los tópicos que tienen que integrar la próxima agenda.

¿No estaba clara la agenda en la anterior elección?

Creo que la alianza que sostuvo la elección de Markarian fue muy amplia y no era consistente desde el punto de vista de las prioridades; no compartían un conjunto de prioridades amplias que permitieran pensar la institución en 15 o 20 años. Sí, quizá compartían algunas prioridades, por ejemplo en extensión, pero no era muy claro cuáles eran las otras prioridades que debían compartir.

El recambio generacional es un problema para los partidos, en particular para el Frente Amplio. ¿Es también un problema en la Udelar? ¿Es un tema en esta elección?

El problema del acceso a posiciones de responsabilidad de generaciones más jóvenes en Uruguay existe; creo que hay bastante consenso en que es una dificultad que tiene el país. Como problema general, creo que efectivamente es un elemento que está presente. Entiendo que no debería ocupar un lugar central en la discusión universitaria, porque una cosa es tener una dificultad en el plano más general y otra es traducir esto a una discusión específica como un argumento para elegir a un rector u a otro. Creo que, francamente, no debería ser un insumo relevante. En todo caso, es algo que los procesos políticos deben resolver, pero no en el marco de procesar esto como algo decisivo.

¿Evaluás que hay un ambiente de mayor lejanía entre la universidad y el sistema político?

Veo este tema con preocupación, porque entiendo que se empieza a dar un conjunto de síntomas que no son buenos para el país. El ejemplo más claro es la reglamentación de la Ley de Pesca. En una sociedad abierta, la investigación sobre los recursos de un país no puede tener restricciones por parte de las autoridades políticas ni de los poderes fácticos, ya sean económicos, medios de comunicación o los que querramos. Hay que juzgar la calidad de la investigación en base a pautas generales. No quiere decir que los universitarios estemos exentos de errores en este plano, pero son mecanismos externos a aquellos que están directamente involucrados en la gestión. Creo que es negativo, por ejemplo, que una autoridad se arrogue el derecho a permitir la publicación de los resultados de una investigación. En otros casos hay algún problema de vínculo entre la Udelar y el sistema político que creo que se debe a no comprender cabalmente cuál es la funcionalidad de cada uno. Hay algunas tensiones relacionadas con exigirle a la universidad que cumpla funciones que no le corresponden; la Udelar no puede responder en dos o tres meses sobre la pertinencia de cierto tipo de intervención de política. Somos capaces de generar conocimiento e investigación, pero que implican protocolos que insumen tiempo. Está muy bien que la universidad aporte elementos a la discusión pública, pero desde el rol específico que implica un proceso de investigación. Creo que el país debe darse cuenta de que hay dos tensiones importantes: la primera es que estamos muy atrasados, no solamente en educación general en el país, que lo estamos, sino en educación superior; estamos atrasados respecto de la región y del mundo. En el mundo desarrollado más de la mitad de los jóvenes termina una carrera de grado, en Uruguay no estamos llegado a 20%. Si queremos una economía compleja, más equitativa y más sustentable, necesitamos tener muchos más jóvenes que logren ingresar y permanecer en el sistema educativo terciario. Eso requiere políticas, y en Uruguay las políticas sobre educación terciaria y superior descansan sobre todo en la Udelar; somos 80% de la matrícula universitaria, somos la única institución de puertas abiertas, no tenemos cupo ni mecanismos de restricción del ingreso; por lo tanto, la única institucionalidad que puede responder en forma activa a esto es la propia universidad: si no le damos las herramientas y el lugar adecuado a la universidad, vamos a tener dificultades crecientes en el futuro cercano. Veo con preocupación cierto aislamiento en este plano. También creo que siguen subsistiendo algunas prácticas muy buenas; hay áreas del Estado que tienen vínculos de investigación de largo plazo con la Udelar sostenidos en el tiempo y que han dado productos de mucha calidad, que alimentan las políticas y además generan conocimiento, pero creo que el requisito es establecer vínculos de largo plazo en el que cada uno entienda cabalmente cuál es el rol del otro.

“Mucho daño”

Arim considera que las denuncias que desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) le hicieron sobre que habría utilizado un título de posgrado que no tiene están “totalmente aclaradas” después de lo que se discutió en el CDC, y prefiere no continuar con esa discusión: “Es donde quieren colocarla algunos colectivos cuya intencionalidad tiene poco que ver con el desarrollo de la universidad”, afirmó. De cara a lo que queda de la campaña, espera que los temas “no sigan por ese lado, porque le hace mucho daño a la Udelar”.