Una comisión parlamentaria bicameral formada por legisladores de los principales partidos paraguayos presentó ante el Senado un informe preliminar sobre un caso de corrupción que podría llegar a involucrar al ex presidente Horacio Cartes. La investigación gira en torno a Darío Messer, un cambista brasileño que está acusado de haber movido de forma ilícita 1.600 millones de dólares en 52 países, incluido Paraguay. Los parlamentarios señalaron que Messer, que está prófugo, contó con respaldo institucional en ese país.

Durante la investigación, una ex funcionaria de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó que el nombre del ex mandatario aparecía en un informe del ente sobre Messer. El cambista es amigo personal de Cartes, lo que incrementa las sospechas.

Después de presentar el informe, a mediados de diciembre, la comisión citó a declarar al ex presidente y a varios ex funcionarios de su gobierno. Pero Cartes no compareció y, en cambio, pidió enviar una declaración por escrito. La comisión rechazó su solicitud y elevó un documento a la Justicia para que resolviera la situación. El juez Alcides Corbeta, que quedó a cargo del caso, resolvió que esa comisión tiene facultades para convocar a Cartes, por lo que ahora se espera una nueva citación para cuando termine el receso parlamentario, a partir de marzo. Si Cartes es citado nuevamente y decide no acudir ante la comisión, será la Justicia la que determine si se le aplica una multa o un arresto domiciliario de una a dos semanas. En ese período, tampoco se descarta la posibilidad de que sea conducido a declarar por la Policía.

El informe constató una “extrema vulnerabilidad” del sistema financiero paraguayo, que fue incapaz de detectar los movimientos irregulares de Messer en el país desde 2011. Ese año, según el informe, Messer solicitó la apertura de una cuenta en una sucursal del estatal Banco Nacional de Fomento en Ciudad del Este. Ya en ese entonces, el brasileño contaba con investigaciones en Brasil y Uruguay por lavado de dinero, lo que lo convertía en un cliente de “alto riesgo”, advierte el documento, en el que también se cuestiona que no se haya encendido “siquiera una de las múltiples alarmas determinadas para estos casos”. El documento habla además de una “mano invisible” encargada de desactivar esas alarmas de “forma premeditada y organizada”, que la comisión relaciona con “una cobertura” procedente del “poder político”.

Al respecto, la comisión hizo hincapié en la demora a la hora de emitir reportes de operaciones sospechosas sobre las cuentas de Messer por su operación en la frontera, por recibir giros de paraísos fiscales y por recurrir a sus empresas, del rubro ganadero, para llevar a cabo operaciones bursátiles. Se alude en concreto a la existencia de un informe de la Seprelad de 2017 que no se presentó ante la Fiscalía hasta 2018, y en el que se daba cuenta de “supuestos vínculos comerciales” entre Messer y Cartes. Además, la comisión bicameral sostiene que ese documento entregado fue “aparentemente alterado”, ya que se suprimieron las alusiones a esa relación.

El informe final de la comisión será remitido a la Fiscalía para que determine si se produjo una omisión grave del aparato estatal o complicidad con el cambista brasileño. La Fiscalía paraguaya, que hace meses abrió su propia investigación, sostiene que Messer, su hijo y un primo de Cartes hicieron operaciones irregulares en el país por un monto de 40 millones de dólares y por intermedio de tres empresas de las que eran accionistas.

Las autoridades paraguayas también buscaban al empresario brasileño Bruno Farina, considerado socio de Messer y que fue detenido en diciembre en Alto Paraná. Farina está condenado en su país a 30 años de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero, evasión de divisas y asociación criminal. Poco después de su arresto, la Justicia paraguaya aprobó un pedido de extradición de Farina a Brasil.

Ese mismo día, la abogada de Messer, Leticia Bóveda, dijo que su cliente “no tiene trato comercial” con Farina en Paraguay y que no planea entregarse a la Justicia porque “no tiene garantías”.