La Fiscalía de Colombia decidió imputar a los integrantes del Comando Central de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsables del atentado del jueves contra una escuela de policía, en Bogotá, que dejó 21 muertos y 68 heridos. Manifestó que ese ataque con coche bomba no fue una acción aislada sino una orden que impartieron superiores dentro de la organización armada.

Como consecuencia, se reactivaron las órdenes de captura contra los diez negociadores de paz enviados por el ELN a Cuba para dialogar con representantes del gobierno colombiano. “Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol”, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, en un mensaje emitido por cadena nacional.

Durante el fin de semana, el gobierno de Duque le pidió a Cuba “que entregue a esos criminales para que se haga justicia”. En respuesta, la cancillería cubana informó que se respetarían los Protocolos para el Diálogo de Paz acordados con el gobierno del anterior presidente colombiano, Juan Manuel Santos, incluido el que está previsto para el caso de ruptura de la negociación.

Pero Duque insistió y dijo que no se trata de una ruptura del diálogo. “Lo que se presentó [el atentado con coche bomba] no fue una diferencia de opinión, lo que se presentó fue un acto criminal violador de los derechos humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia”. Insistió en que lo ocurrido “no es la ruptura de ningún diálogo” porque su gobierno ya había dispuesto que no dialogará con el ELN hasta que libere a todos sus secuestrados y “cesen los ataques terroristas”. Desde que Duque asumió la presidencia, en agosto, no se repitieron las rondas de diálogo que habían comenzado en 2017, primero en Quito y después en La Habana.

Horas después de este intercambio, el ELN emitió en su página web un comunicado en el que reconoce la autoría del atentado. La guerrilla consideró que la acción fue "lícita dentro del derecho de la guerra" y destacó que "no hubo ninguna víctima no combatiente" -los fallecidos fueron 20 cadetes de policía y el atacante-. Además, indicó que eligió ese objetivo porque en esa "instalación militar" se forman oficiales de Policía "que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, [y] participan activamente en la guerra contrainsurgente".

"Es muy desproporcionado que mientras el Gobierno nos ataca, plantee que nosotros no podamos responder en legítima defensa", agrega el ELN en su comunicado, en el que también pide que se respete "el dolor de todos".

En repudio al atentado del jueves, miles de personas marcharon ayer en las principales ciudades de Colombia con consignas muy diversas. En las redes sociales se llamó a marchar por la paz, en respaldo a la Policía o contra el terrorismo. Las distintas consignas movilizaron a dirigentes políticos, entre ellos el propio presidente colombiano.

La principal ausencia fue la del senador de izquierda Gustavo Petro, que compitió con Duque por la presidencia el año pasado. En su cuenta de Twitter, Petro criticó la política del gobierno de no dialogar con la guerrilla, y consideró que terminar con el proceso de paz “matará más policías, más soldados, más colombianos”. El dirigente agregó: “Los respeto en su marcha, pero estaré en la que provoque la paz y no la guerra”.

También Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex líder de la ahora desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, le pidió a Duque: “Evitémosle eso a Colombia, a sus hijos, a sus madres y padres. No precipite usted la guerra total”.

Según las investigaciones de la Fiscalía General sobre el atentado, el autor material fue José Aldemar Rojas, un hombre de 56 años que pertenecía al ELN y que años atrás perdió su mano derecha al manipular explosivos. El jueves, condujo una camioneta hacia la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en la que se formaron todos los comandantes y directores de la Policía Nacional colombiana, según informó la revista Semana.

De acuerdo con la agencia de noticias Efe, Rojas entró de manera violenta por una puerta secundaria, y los policías que vigilaban esa entrada se apartaron para que no los atropellara. Uno de ellos dio la alerta de que había ingresado esa camioneta. Pero antes de que pudieran detenerla, la explosión de los 80 kilos de pentolita que llevaba mató al atacante y a 20 cadetes.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, informó que el atentado fue planeado durante diez meses o más. Además de Rojas fue detenido como coautor otro hombre, de 39 años. La Fiscalía presentó una grabación en la que supuestamente se incrimina, y testigos que lo vieron en un depósito en el que estuvo la camioneta utilizada por Rojas.

Las autoridades de Colombia informaron ayer que frustraron un atentado similar al del jueves, esta vez en el departamento de Boyacá, donde se detectó un artefacto explosivo en una carretera muy transitada por turistas, pobladores, soldados y policías.