Las autoridades venezolanas arrestaron ayer a 27 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que participaron en un levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro e hicieron un llamado a desconocerlo como presidente. El jefe de la Asamblea Constituyente, el oficialista Diosdado Cabello, no descartó que el número de detenidos aumente.

Las Fuerzas Armadas informaron que, en la madrugada, el grupo de militares atacó un puesto policial, robó armas, secuestró a cuatro oficiales y luego se dirigió a un comando de la GNB en el barrio de Cotiza, en Caracas. Allí, los soldados se encontraron con la resistencia de otros funcionarios de seguridad y el enfrentamiento terminó con las detenciones.

En paralelo, los involucrados divulgaron videos en las redes sociales en los que llamaron a no reconocer la autoridad de Maduro y salir a las calles para respaldar la “insurrección”. Según informó la agencia de noticias Efe, en Cotiza hubo un caceroleo y vecinos del lugar salieron a la calle y armaron una barricada en apoyo a esas acciones.

Unas horas después de los arrestos, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró en un comunicado que todo funcionaba con “completa y absoluta normalidad” y culpó a la “extrema derecha” del intento de levantamiento.

La Asamblea Nacional de Venezuela (el parlamento, controlado por la oposición) manifestó que lo ocurrido en Cotiza “es el reconocimiento de la existencia de un gran descontento generalizado dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales”. La nota, que estaba firmada por el titular de este órgano legislativo, Juan Guaidó, agregaba: “La presidencia de la república fue usurpada y su cadena de mando está rota”.

Un día antes, en una entrevista con el diario brasileño Folha de São Paulo, Guaidó había propuesto una amnistía para todos los funcionarios civiles y militares que desconozcan a Maduro y quieran “restablecer la democracia”. Agregó: “La prioridad es el fin de la dictadura y la convocatoria de elecciones libres”.

Después del levantamiento, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo en el que desconoció a la junta directiva de la Asamblea Nacional y declaró como “nulos” todos sus actos. Para Guaidó, la decisión “no solamente es una aberración jurídica sino políticamente absurda”.

A esto se suma que el presidente de la Sala Constitucional del máximo tribunal, Juan José Mendoza, pidió a la Fiscalía determinar las eventuales responsabilidades penales de la directiva de la Asamblea Nacional por declarar “usurpador” al presidente. Por su parte, Cabello recordó que ese parlamento no tiene competencias para aprobar una ley que perdone crímenes que no se han cometido, y reiteró que sus decisiones no son atendidas por el gobierno, ya que el Tribunal Supremo de Justicia la declaró en “desacato” en 2016.