Organizaciones de venezolanos que viven en Ecuador denunciaron ayer decenas de agresiones contra esa comunidad. “Han sido apedreados, golpeados en distintas ciudades del país. Son 82 personas entre heridos, agredidos [...] en circunstancias xenófobas”, dijo el presidente de la fundación Venezolanos en el Exterior, Eduardo Febres.

La violencia surgió en un contexto de indignación por el asesinato de una mujer de 22 años que estaba embarazada. Un hombre con el que había mantenido una relación de pareja la retuvo en una calle de la ciudad de Ibarra, amenazándola con un cuchillo, y después la apuñaló ante la mirada de un grupo de personas, entre ellas varios policías. El femicida era venezolano y la víctima ecuatoriana. El dato se volvió relevante porque el propio presidente de Ecuador, Lenín Moreno, vinculó el crimen con las nacionalidades de uno y otra, y anunció medidas contra los migrantes como una respuesta a lo ocurrido.

“He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera”, anunció en un comunicado que divulgó en Twitter, bajo el título “¡Todos somos Diana!”, en referencia a la mujer asesinada. “Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”, dijo Moreno, y agregó: “La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras es mi prioridad”.

En el mismo comunicado, Moreno anunció el sábado que su gobierno analizaba la posibilidad de crear un permiso “especial” de ingreso al país. Ayer, el vicepresidente Otto Sonnenholzner confirmó que se comenzaría a exigir de inmediato un certificado de antecedentes penales apostillado a los inmigrantes venezolanos.

El presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador, Daniel Regalado, dijo que para conseguir ese documento en Venezuela se requiere un trámite que tarda “no menos de seis meses”, informó la agencia de noticias Efe. Los plazos son más cortos para quienes ya se encuentran en Ecuador, agregó. Por su parte, Febres cuestionó que “no se puede estigmatizar ni generalizar a la comunidad venezolana por el acto de un individuo”.

Al anunciar las nuevas medidas, Sonnenholzner argumentó: “Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir”. El secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, fue más lejos y dijo que el gobierno de Maduro envía a Ecuador “a personas que tiene detenidas en sus cárceles”.

En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, leyó ayer un comunicado en el que responsabilizó a Moreno por “toda infracción contra la integridad física, moral y ciudadana de los venezolanos que se encuentran” en Ecuador. Además, calificó de “inexcusable” e “irresponsable” el discurso que adoptó Moreno porque intenta establecer una “insólita correlación entre la violencia contra la mujer en Ecuador y los ciudadanos de nacionalidad venezolana”.

Arreaza se refirió a la creación de “brigadas para controlar la situación legal de los venezolanos”, que calificó de “un ataque generalizado”, y manifestó que su país “se reserva la decisión de acudir a instancias internacionales pertinentes” para tratar este asunto. Del mismo modo, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela manifestó que le va a pedir a la alta comisionada de la Organización de los Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que investigue al presidente ecuatoriano “por estos ataques al pueblo de Venezuela en su territorio”.

En Ecuador viven unos 250.000 venezolanos, y cinco organizaciones que los representan denunciaron actos violentos o discriminatorios contra ellos. El diario El Comercio reportó denuncias de agresiones en distintas ciudades –Ibarra, Latacunga, Cuenca, Manta y Santo Domingo– y citó a la portavoz de la Federación de Venezolanos en Ecuador, Egleth Noda, quien se refirió a casos de personas que tuvieron que esconderse en casas de otras familias, dejaron de ir a trabajar o decidieron no mandar a sus hijos a la escuela.

Tanto la oposición como organizaciones sociales criticaron los anuncios y las declaraciones del gobierno de Moreno. La Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador manifestó ayer que la violencia de género “no conoce de fronteras y de naciones”, y expresó que le preocupa “que el gobierno nacional emita pronunciamientos que fomenten la xenofobia [...] y alimenten posiciones que provocan más violencia”.