La sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes políticos y sociales del proceso independentista de Cataluña que fracasó en 2017 hizo visible la fragmentación que ha sufrido el movimiento desde entonces.

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) propuso este martes consensuar un texto que rechace el fallo para aprobarlo en el Parlament y manifestar el desacuerdo del govern con la decisión judicial. Sin embargo, tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana, los partidos independentistas más grandes de Cataluña, rechazaron esa posibilidad. El presidente Quim Torra comparecerá mañana en el Parlament para dar a conocer su posición sobre este tema, pero no habrá una resolución votada por los diputados para respaldarlo.

En un principio, Junts per Catalunya respaldó la idea de un texto común que, por ejemplo, pudiera mandatar al govern a resistirse ante el fallo judicial de una manera simbólica, ya que la situación de los condenados ya está definida por el Tribunal Supremo español. Pero esa iniciativa decayó después de que fueran planteadas algunas objeciones de Esquerra Republicana, cuyo líder, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, fue uno de los condenados.

Las principales diferencias surgieron enseguida de que fracasara la declaración de independencia unilateral de Cataluña. La mayoría de los dirigentes optaron por permanecer en el que consideran su país, como Junqueras y los presidentes de las asociaciones civiles Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. En cambio otros, mayoritariamente de Junts per Catalunya, como el entonces presidente Carles Puigdemont, decidieron irse para evitar un fallo judicial que ya desde entonces se preveía que iba a ser adverso. Los dos partidos manejaron distintas estrategias ante la causa judicial contra sus líderes, y esas diferencias se vuelven a replicar en los últimos días. Además, la semana pasada, antes de que se conociera la sentencia, el Tribunal Constitucional ya había advertido al Parlament que podría haber consecuencias penales para sus integrantes si aprobaban una resolución contraria a la sentencia.

Otra razón de polémica entre los grupos independentistas ha sido la actuación del responsable del Interior catalán, Miquel Buch, por la represión de los Mossos d’Esquadra contra los manifestantes que se mantienen en las calles desde que se conoció la sentencia. En particular, la CUP anunció que pedirá que Buch comparezca ante una comisión del Parlament.

Las movilizaciones fueron promovidas, entre otros, por referentes independentistas que en algunos casos forman parte del gobierno, como el propio Torra, o integran sus partidos. La portavoz de govern, Meritxell Budó, dijo este martes en una conferencia de prensa que el Ejecutivo respalda las movilizaciones, que son lideradas por la agrupación Tsunami Democràtic, a la vez que defiende la actuación de los Mossos ante “situaciones incontrolables”. “Mostramos nuestra empatía con acciones pacíficas pero también contundentes, como el colapso de El Prat”, dijo la portavoz, en referencia al bloqueo del aeropuerto que los manifestantes consiguieron, de forma pacífica, el lunes.

Las marchas devinieron en la noche de este martes en violentos enfrentamientos con los Mossos, y hubo disturbios en varios puntos de Barcelona. El gobierno de Madrid advirtió que se trata de la actuación de “grupos violentos coordinados”, y la oposición conservadora pidió que se apruebe la intervención de la seguridad catalana.

La situación política generada por la decisión judicial también trajo consecuencias dentro de los partidos políticos españoles. En ese sentido, el portal Público informó sobre desavenencias entre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, sectores que hasta hace algunas semanas estuvieron explorando una fórmula para lograr generar un gobierno de coalición que evitara las elecciones que se celebrarán el 10 de noviembre. El portavoz adjunto del Comité Electoral del PSOE, Felipe Sicilia, quien por medio de un tuit en el que recogía las posición sobre el tema de Pablo Iglesias, líder de Podemos, escribió: “Aquí una de las razones por las que el acuerdo con Unidas Podemos era muy complicado”. Y agregó: “Que Unidas Podemos hable de presos políticos es una prueba más de su apuesta por bloquear un futuro gobierno progresista”.

Las palabras de Sicilia fueron ratificadas por la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien subrayó que desde el Ejecutivo siempre se apuntaron las discrepancias que había con Podemos respecto de temas como Cataluña y, en su opinión, en estos momentos confirman y ratifican plenamente que la coalición era imposible.