Tras la votación del brexit y la derrota de la opción de permanencia, más de un millón de británicos que viven en la Unión Europea (UE) y más de tres millones de ciudadanos del resto de la UE en Reino Unido –ninguno de los cuales había tenido la opción de votar en el referéndum– se vieron potencialmente privados del derecho de residencia en cualquier país de la UE que habían adquirido como ciudadanos comunitarios en caso de consumarse la salida británica.
Reino Unido, como una de las economías más prósperas del mundo, el dominio del inglés como lengua global y la libertad de residencia comunitaria, había atraído a trabajadores de gran parte de la UE, especialmente de países mucho más pobres del este de Europa, como Polonia y Rumania, profesionales cualificados de Francia y Alemania y jóvenes de países del sur tras la crisis económica.
Por lo general, la población emigrada a Reino Unido es mayor que la británica residente en cada Estado con tres excepciones: Luxemburgo, Francia y sobre todo España, con la mayor colonia de expatriados británicos y que domina gran parte del litoral.
Un caso especial es la República de Irlanda, el único Estado con el cual Reino Unido comparte frontera terrestre, que es el segundo país tanto en cantidad de inmigrantes británicos como de emigrados a Reino Unido, en cuyo caso el brexit se complica por una frontera muy porosa con Irlanda del Norte, ciudadanos de uno y otro lado que trabajan y estudian en el otro, y nacionales de ambos lados residiendo en el Estado vecino.
El balance total ronda los 4,5 millones de personas que pueden verse afectadas por el brexit, ya sean británicos viviendo fuera de Reino Unido o nacionales de países comunitarios que viven o trabajan en el país británico. Si se da una salida sin ningún tipo de acuerdo, estas personas perderían temporalmente muchos derechos, hasta que se llegue a un trato con la UE o bien de forma bilateral con cada uno de los estados miembro.