Pasaron sólo 14 días desde que, el 1º de octubre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que, mediante un decreto, eliminaría el subsidio a los combustibles. Esa, dijo, sería la primera de varias medidas dirigidas a reequilibrar la economía ecuatoriana, que está estancada y tiene un alto endeudamiento, lo que lo llevó a pedirle asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI). La primera reacción fue de los servicios de transporte, que llamaron a un paro, pero con el paso de los días se fueron sumando otros sectores. El aumento de los precios de los combustibles no tardaría en afectar al resto de los bienes y servicios.

Ahí empezó la escalada de protestas, que incluyó la ocupación de varios lugares públicos y el vandalismo contra la Contraloría General, así como bloqueos de carreteras y otros actos de violencia. El liderazgo de las movilizaciones fue asumido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una de las agrupaciones sociales más grandes del país. En un país en el que varios presidentes no han logrado terminar su mandato debido a movilizaciones populares, Moreno intentó mantener el pulso, pero a los pocos días accedió a la principal de las exigencias de los indígenas: la derogación del decreto. Lo hizo en el marco de una reunión de unas cinco horas con la Conaie que fue mediada por la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y cuya primera parte fue transmitida en directo por la televisión. El texto que sustituirá al derogado será redactado por una comisión integrada por estos cuatro integrantes.

El acuerdo fue anunciado en la madrugada de ayer después de un diálogo entre ambas partes, pero quedan dudas sobre qué abarca, más allá de la derogación del decreto. Entre otras cosas, Moreno había anunciado que llevaría adelante una reforma laboral y otra tributaria, acordadas con el FMI. No se hizo ningún anuncio en este sentido.

Tampoco está del todo definido qué otras condiciones puede llegar a poner la Conaie para mantener el cese de las movilizaciones, que se produjo en la madrugada del domingo, después de que el gobierno impusiera el toque de queda permanente en Quito, en una situación ya insostenible. Anoche el presidente de la formación, Jaime Vargas, aseguró que para conseguir un “compromiso duradero” Moreno debe destituir a los titulares de Defensa, Oswaldo Jarrín, y de Gobierno, María Paula Romo, señalados como responsables de la represión que causó la muerte de al menos siete personas que participaban en las protestas, según la Defensoría del Pueblo.

Moreno no se pronunció sobre este punto en particular, pero sí recurrió a Twitter para celebrar el fin de las protestas. “Hemos hecho una elección por la paz”, aseguró. Además, volvió a acusar al ex presidente Rafael Correa de estar detrás de las protestas: “¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!”, sostuvo en redes sociales. También hubo un pronunciamiento del ex mandatario, quien aseguró que el gobierno de Moreno está “clínicamente muerto” y es necesario adelantar elecciones. “Hay muertos, hay heridos, hay abusos”, agregó, antes de considerar que “Moreno debería ser juzgado” por esos presuntos crímenes.