El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció ayer de tarde un proyecto de ley que busca permitir que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la protección de la “infraestructura crítica” del país, incluida la infraestructura policial. Según informó la radio Cooperativa, el mandatario dijo: “Confiando en que en momentos tan difíciles como los que hemos vivido vamos a tener el apoyo de las distintas fuerzas políticas, quiero informar: la próxima semana, vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional, sin restringir las libertades y los derechos ciudadanos, poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país”. “Por ejemplo: todo el sistema de abastecimiento eléctrico, todo el sistema de abastecimiento de agua potable y muchas otras infraestructuras críticas, incluyendo las infraestructuras policiales, de manera de garantizar el buen funcionamiento de estos servicios básicos, que son vitales para la calidad de vida de las personas”, agregó.
El anuncio del presidente generó una rápida oleada de críticas desde la oposición. El senador independiente Pedro Araya manifestó su rechazo a la iniciativa, argumentando que “es un tema bastante complejo, porque las Fuerzas Armadas no tienen preparación en contención del orden público, y eso podría generar un enfrentamiento mayor al que se quiere evitar”. En declaraciones al diario El Mercurio puso en duda la constitucionalidad de la propuesta, puesto que para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir la función que pretende Piñera “no basta con la aprobación de una ley, sino que tiene que haber una reforma constitucional”.
Por su parte, el presidente del centroizquierdista Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, afirmó que le parece “desconcertante el anuncio del presidente”. “Primero hay que solidarizarse con la gente, con el temor que existe”, dijo Muñoz, en referencia a los atentados incendiarios registrados durante las últimas semanas. En ese sentido, destacó que “es necesario pensar muy cuidadosamente qué hacer para restablecer el orden público y evitar que haya una espiral de violaciones a los derechos humanos y, luego, más violencia”.
Mientras tanto, las movilizaciones proseguirán en todo el país esta semana, que se iniciará con un paro progresivo que culminará en una jornada de huelga general mañana, acción promovida por más de 200 organizaciones aglutinadas en la coordinadora Unidad Social. Entre las organizaciones que conforman Unidad Social se destaca el Bloque Sindical, integrado por representantes de trabajadores portuarios, de la construcción, profesores, de sanidad y trabajadores públicos. Además, hay representación de la Coordinadora No+AFP y la Coordinadora 8 de Marzo, con reivindicaciones feministas.
Unidad Social rechaza el denominado Acuerdo por la Paz Social y Una Nueva Constitución, pactado por el gobierno y algunos partidos de la oposición. “Este acuerdo de madrugada entre partidos políticos, sin la participación y legitimidad de quienes hemos participado en las movilizaciones, fue construido mientras literalmente se reprimía y violaba sistemáticamente los derechos humanos; se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales”, manifestaron voceros de la entidad, según consignó la agencia de noticias Europa Press.