En uno de los puntos del acuerdo programático firmado por la coalición opositora se propone la creación de la figura de “legítima defensa policial”, destinada a darles lo que se define como “certezas” a los funcionarios policiales y guardias de seguridad privados. La propuesta recibió varias críticas de quienes consideran que podría abrir la puerta al “gatillo fácil”, pero desde la coalición negaron este extremo. “Siempre dijimos que de lo que se trata es de optimizar los recursos de la Policía. El gatillo fácil podría generar un aumento muy grande del gasto en balas. En momentos en que el país está fundido y tiene que abatir el déficit fiscal, no podemos permitirnos el lujo de que los policías anden disparando balas como si las regalaran”, declaró el candidato nacionalista a la presidencia, Luis Lacalle Pou.
El colorado Ernesto Talvi consideró, por su parte, que “esa idea de que los funcionarios públicos pueden hacer todos los disparos que quieran y no pasa nada porque después ‘Papá Estado’ paga va en contra de los principios fundamentales de la democracia liberal basada en la libertad de mercado. Un verdadero demócrata tiene que abogar por que la Policía haga disparos mortíferos pero también eficientes”.
El independiente Pablo Mieres, mientras tanto, consideró que “naturalizar el gatillo fácil sería algo terrible, profundamente inmoral y que nosotros jamás haríamos, pero si alguien más lo quiere hacer, nosotros lo aceptamos, porque no hay que ser intolerante”.