Tres días después de que las declaraciones de uno de sus portavoces causaran controversia dentro y fuera del país, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aclaró que su gobierno pretende “rememorar” y no “conmemorar” el golpe de Estado de 1964. “No es conmemorar. Es rememorar, revisar lo que está mal, lo que está bien y usar eso para el bien de Brasil en el futuro”, dijo ayer el gobernante durante un evento en el que se celebraban los 211 años de la creación de la Justicia Militar.
De esta forma, bajó el tono y redujo el debate a una cuestión de elección de palabras. El lunes, el vocero de la presidencia Otávio Rego Barros dijo a la prensa que Bolsonaro había dado la orden al Ministerio de Defensa de que se realicen las “conmemoraciones debidas” el domingo 31 de marzo, en el aniversario del golpe de Estado. El funcionario dijo en esas mismas declaraciones que Bolsonaro no consideraba la toma de poder por parte de los militares como un golpe. Al día siguiente, el ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo e Silva, rechazó el uso de la palabra “conmemoración”, aunque confirmó que la fecha sería “recordada” en los cuarteles militares mediante distintas actividades.
El miércoles de noche, consultado sobre este asunto en una entrevista publicada por el canal Bandeirantes, el presidente brasileño intentó minimizarlo y dijo de manera escueta que lo que se hará el domingo será leer “un orden del día”, un discurso que hacen las Fuerzas Armadas en fechas históricas para recordar los hechos que se conmemoran. En esa entrevista, Bolsonaro también volvió a negar que Brasil haya vivido una dictadura de 1964 a 1985. “¿Dónde se ha visto en el mundo que una dictadura le entregue el poder de forma pacífica a la oposición? Sólo en Brasil. Entonces, no hubo dictadura”, concluyó el líder ultraderechista, antes de comparar lo que sucedió en esa época con “problemitas” de pareja.
Para Bolsonaro, la dictadura cometió “errores” –en una aparente referencia a las violaciones de los derechos humanos–, pero negó que se tratara de una política de terrorismo de Estado. “En las Fuerzas Armadas nunca tuvimos una política de Estado represiva de la forma en que todo el tiempo intentan poner en nuestra cuenta. No quiero decir que fue una maravilla. Ningún régimen lo es. ¿Qué matrimonio es una maravilla? De vez en cuando hay un problemita. Son raras las parejas que no tienen un problema”, afirmó.
En otro momento de la entrevista se refirió también a la Ley de Amnistía que evitó el enjuiciamiento de muchos de los represores de la dictadura. “Imagine que nosotros estuviéramos casados y tuviéramos problemas, y resolvemos perdonarnos y mirar para adelante para no volver a aquel asunto del pasado en el que hubo un malentendido. La Ley de Amnistía está ahí y vale para todos. Incluso el gobierno militar ha hecho que esta norma fuera amplia, general e ilimitada [...] La Ley de Amnistía la vamos a respetar”, agregó.
Una posición similar defendió ese mismo día el canciller brasileño, Ernesto Araújo, quien afirmó que en 1964 no hubo un golpe de Estado en el país y consideró que el derrocamiento del entonces presidente, João Goulart, fue un “movimiento necesario” para impedir que Brasil “se volviera una dictadura”. De pie frente al Congreso, Araújo no respondió cuando el diputado Glauber Braga, del Partido Socialismo y Libertad, le preguntó si definiría como “democracia” ese período de 21 años en que el país estuvo bajo gobiernos militares.
La orden de Bolsonaro generó el repudio de varios organismos y organizaciones sociales. La Fiscalía Federal para los Derechos del Ciudadano de Brasil dijo el miércoles que “festejar la dictadura es festejar un régimen inconstitucional responsable de graves crímenes y violaciones de los derechos humanos”. Así lo dijo en un comunicado en el que advirtió de posibles acciones judiciales contra el gobierno. En tanto, el diario O Globo informó que la Fiscalía se dispone a enviar notificaciones a al menos 18 unidades militares del país para advertir a los comandantes que podrían incurrir en un “acto de indecencia administrativa” si este domingo llevan a cabo “actos conmemorativos”.
Por parte de la sociedad civil, la Asociación de Abogados Brasileños expresó su preocupación por el “camino oscuro” que el gobierno de Bolsonaro se dispone a recorrer si realmente celebra los 55 años del golpe de Estado. Para el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, lo que el presidente estará festejando realmente es “el cese de 4.841 representantes electos, 20.000 personas torturadas y 434 muertas o desaparecidas”.