El presidente colombiano, Iván Duque, devolverá al Congreso la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), después de plantear objeciones sobre seis de sus artículos por considerar que no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición contemplados en el acuerdo firmado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La ley es una pieza clave para la implementación de ese acuerdo de paz firmado en 2016 porque, justamente, establece las competencias del tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado en el país.

La ley de la JEP fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, por lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial. Las objeciones de Duque obligan a repetir el proceso y podrían tener efectos negativos en la reincorporación a la vida civil de los 13.000 ex combatientes que dejaron las armas después de la firma de los acuerdos.

Duque dijo que tomó la decisión por “razones de inconveniencia”. Explicó que sus objeciones buscan definir, especialmente, la obligación “de reparar integralmente” a las víctimas que tienen quienes cometieron los delitos. A la vez, agregó, sus modificaciones intentan aclarar las competencias de la Justicia ordinaria incluso en los casos de extradición y definir la atribución del Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes se acogen a la Justicia transicional, es decir, al sistema especial que surgió de los acuerdos.

El gobernante explicó que su decisión también pretende garantizar la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, los genocidios o los crímenes de guerra para que no haya impunidad, y la pérdida de beneficios de “quien reincida en las actividades criminales”. Además, quiere excluir de la Justicia transicional los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El presidente consideró igualmente “conveniente definir con mayor precisión”, para “garantizar el derecho a la verdad de las víctimas”, cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria.

A todo esto se suma el pedido de una reforma constitucional para modificar el llamado Acto Legislativo 01 de 2017, que crea las disposiciones transitorias de la Constitución para “ponerle fin al conflicto armado” y “construir una paz estable”.

El presidente aseguró el domingo que respetará “las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso de la República”.

La decisión de Duque obliga al Congreso a debatir nuevamente la ley pero no paraliza el trabajo de la JEP, según manifestó la presidenta del tribunal especial, Patricia Linares, en un comunicado difundido después del discurso del presidente. “A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional queremos reiterarles que la Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones”, aseguró.

Las objeciones de Duque generaron el malestar de sectores políticos y representantes de la sociedad civil, que ya anunciaron movilizaciones en defensa de la norma para los próximos días. La decisión también fue rechazada por un grupo de ex negociadores del gobierno colombiano y de las FARC, que ayer enviaron una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, para manifestarle su preocupación. Para los firmantes, las objeciones anunciadas por Duque pueden “lesionar gravemente” la implementación del acuerdo, así como la estructura y el funcionamiento de la JEP y “el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”.

Los ex negociadores denunciaron que Duque “persiste en formular nuevos obstáculos o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado Sistema de Justicia Transicional”, al plantear objeciones a una ley que ya había sido “objeto de control por parte de la Corte Constitucional”.

La carta fue firmada por más de un centenar de personalidades, entre ellas el ex jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle; el ex alto comisionado de Paz Sergio Jaramillo; el presidente del partido formado de la guerrilla desmovilizada Fuera Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño; la ex canciller María Ángela Holguín, y los senadores Iván Cepeda y Gustavo Petro.