En un fallo que ya fue descrito como “histórico” por distintas organizaciones sociales, la Justicia de Argentina absolvió a seis integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen que estaban acusados de ocupar territorios pertenecientes a la familia Benetton en la comuna de Cushamen, en la provincia de Chubut. La jueza Carina Estefanía, a cargo del caso, desestimó el lunes la imputación que pesaba sobre Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández por usurpación, abigeato y tenencia de arma de fuego. Concluyó que no hay pruebas suficientes de que cometieron esos delitos. Sí los consideró responsables, según informó el diario Página 12, de “apropiación parcial del campo sin permanencia constante”, un cargo que no tiene tipificación penal.

La acusación fue impulsada por el grupo Benetton y el gobierno de Chubut, y está enmarcada en un conflicto territorial histórico en el que se enfrentan los pobladores mapuches, quienes sostienen que las 900 hectáreas en disputa les pertenecen por “derecho ancestral”, y la empresa italiana, que argumenta que compró las tierras de manera legal.

En la lectura de la sentencia, que duró cuatro horas, la jueza Estefanía hizo alusión a algunas irregularidades que cometió la Fiscalía durante la investigación, que le sirvieron para reforzar su decisión. Entre otras cosas, la magistrada dijo que el día que los integrantes de la comunidad mapuche fueron detenidos, el 27 de mayo de 2016, no se incautaron “teléfonos ni vestimenta para compararlos con las fotos del día de ingreso al campo”; fueron imputadas “personas a las que luego no se les realizó acusación formal”; y “las autoridades policiales y el Ministerio Público y Fiscal primero hablaron de violencia y luego sostuvieron que desde la comunidad había disponibilidad al diálogo”. Estefanía agregó, además, que “no se pudo probar si hubo robo de ganado” ni “se ofrecieron pruebas para entender cómo pudo haberse cometido ese delito”. Por otra parte, advirtió sobre “posibles violaciones a pactos internacionales” por cómo se llevó adelante el proceso.

La magistrada rechazó que los seis miembros de la Pu Lof pertenecieran a la organización armada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), como acusó la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. “Ellos siempre dijeron que no pertenecían a la RAM, y no tengo motivos para no creerles”, dijo Estefanía.

En la sentencia, la jueza consideró que debería ser el gobierno provincial el que resuelva la cuestión territorial para las comunidades originarias. Por eso ordenó la conformación de una mesa de diálogo entre las autoridades de Chubut, la comunidad mapuche y el grupo Benetton, una instancia que debería incluir además a representantes de la sociedad civil involucrados en el conflicto. Estableció un primer plazo de 90 días para los primeros informes sobre esa negociación.

En una de las protestas de la comunidad mapuche por la tenencia de estas tierras en disputa fue que desapareció Santiago Maldonado, el 1º de agosto de 2017, después de un operativo represivo de la Gendarmería Nacional contra los manifestantes. Su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre de ese mismo año. Las circunstancias de su muerte todavía no están claras, aunque la Justicia determinó que murió ahogado en el río Chubut. Apenas un mes después, durante un violento desalojo de la comunidad mapuche en el lago Mascardi, provincia de Río Negro, efectivos de la Gendarmería mataron a Rafael Nahuel, que fue alcanzado en la espalda por un disparo cuando huía de la persecución. El lunes, cuando terminó la audiencia, los mapuches presentes alzaron los puños al grito de: “¡Santiago Maldonado, presente!”, “¡Rafael Nahuel, presente!”.