Durante décadas, el sacerdote chileno Fernando Karadima, vinculado con el poder político y económico de su país, abusó sexualmente de niños y adolescentes. Sus delitos fueron comprobados en la Justicia penal en 2011, pero para entonces ya habían prescripto. Sólo por este motivo la investigación se cerró sin que fuera condenado, y la iglesia católica dispuso que pasara su vida en “reclusión” y “penitencia”.
El caso Karadima fue uno de los que más repercutieron en la sociedad de Chile. Abrió paso a una serie de denuncias de violencia sexual y de encubrimiento contra integrantes de la iglesia católica de ese país y llevó a que el Vaticano aceptara la renuncia de ocho de sus obispos. A estas repercusiones se sumó esta semana un fallo judicial que las víctimas calificaron de “histórico”.
Un tribunal civil de Santiago dispuso que la iglesia católica pague una reparación económica a tres de las víctimas de Karadima, que presentaron una demanda en 2013, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton. Los tres hombres demandaron al Arzobispado de Santiago por encubrir los abusos que sufrieron años atrás en la parroquia de El Bosque. En respuesta, la Corte de Apelaciones de la capital dispuso que se le pague a cada uno de ellos 100 millones de pesos chilenos, unos 147.000 dólares. Según informó la agencia de noticias Efe, Hamilton dijo: “Este fallo es algo histórico para el mundo porque se reconoce no sólo que son garantes [la iglesia católica] sino que también se reconoce una estructura de encubrimiento y eso, en otras parte del mundo, recién se está considerando”.
La iglesia chilena, que anunció que no va a apelar este fallo, enfrenta además investigaciones por 241 casos de abusos sexuales contra niños y adultos.