Un equipo de la Policía Nacional peruana liderado por el fiscal Henry Amenábar se presentó ayer de mañana en la puerta de la casa del ex presidente Alan García con una orden para detenerlo por diez días. Se dispuso su prisión preventiva para evitar que huyera del país mientras continuaba la investigación para determinar si recibió pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. El ex gobernante pidió para llamar a sus abogados, subió al segundo piso de la vivienda y se encerró en la habitación, según relató el ministro del Interior de Perú, Carlos Morán. A los pocos minutos, se escuchó un disparo.
Las autoridades forzaron la puerta del dormitorio y encontraron a García con una herida en la cabeza. Inmediatamente, fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa de Lima, donde lo operaron de urgencia. Unas tres horas después, el secretario personal del ex presidente, Ricardo Pinedo, informó a los medios que había fallecido. La noticia fue confirmada casi al mismo tiempo por el actual presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos”.
Un rato después, la dirección del centro de salud comunicó que, en el medio de la cirugía, el político sufrió tres paros cardiorrespiratorios y una “hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego”, lo que le provocó la muerte.
El ministro del Interior peruano dijo que, pese al lamentable desenlace, la intervención de la Policía y la Fiscalía en la casa de García “cumplió estrictamente con todos los protocolos” en base a la orden judicial de detención preliminar solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación de Odebrecht en Perú. Sin embargo, congresistas del Partido Aprista Peruano que lideraba el ex presidente acusaron a la Fiscalía de ser responsable de su muerte.
El legislador Mauricio Mulder dijo que el suicidio es “la concreción de todo un mecanismo de persecución y búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”. En tanto, el ex canciller Luis Gonzales Posada, también aprista, lo atribuyó a “un pérfido, malévolo y abusivo atropello de una Fiscalía que puede meter preso a quien le da la gana”.
Partidarios del ex presidente peruano Alan García, ayer, afuera del Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa, en Lima.
Foto: Luka Gonzáles, AFP
Pinedo, por su parte, cuestionó la actuación del fiscal Amenábar, de quien dijo que no se identificó correctamente ante García y no le quiso decir que se trataba de una detención. “El fiscal le indicó que terminara de bajar al primer piso porque tenía unas copias; ese es el término, ‘unas copias’, para iniciar un procedimiento”, contó el secretario. “El presidente le preguntó: ‘¿qué procedimiento quiere hacer conmigo?’ y no quiso responder. Luego, lo invocó a que bajara al primer piso, y fue en ese momento que el presidente vio todo ese movimiento extraño, por lo que subió al segundo piso e ingresó a su habitación”, agregó.
García tenía 69 años y llegó a gobernar el país durante dos períodos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. El líder aprista también fue candidato presidencial en las elecciones de 2001 –en las que perdió con Alejandro Toledo– y en las de 2016 –en las que obtuvo el peor resultado de su carrera al reunir sólo 6% de los votos–. Las denuncias de que existió corrupción durante su última gestión precipitaron la caída de su popularidad.
La Fiscalía de Perú investigaba al dirigente desde mediados de 2018 por sospechas de que recibió pagos ilícitos de Odebrecht por la construcción de la línea 1 del metro de Lima. Su situación legal se complicó el domingo debido a que la empresa brasileña reveló, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, que les entregó cuatro millones de dólares al ex secretario presidencial de García Luis Nava y su hijo José Antonio Nava, para lograr el contrato de construcción de esa línea de metro.
La orden de detención que corría para García incluía a Luis Nava y al empresario Miguel Atala, colaborador del ex presidente que incluso ha sido señalado como uno de sus testaferros. La Fiscalía también ordenó el arresto del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, quien se entregó a la Justicia unas horas después de que García se disparara, y de otros cinco ex funcionarios del segundo gobierno aprista.
En las últimas semanas, García había reiterado que no existía “ninguna delación, prueba o depósito” que lo vinculara a un hecho delictivo y “mucho menos” con Odebrecht. Además, había insistido en que no buscaría refugio o asilo en otro país, como buscó hace cinco meses en Uruguay, sin éxito.
Otros tres ex presidentes peruanos son investigados por las ramificaciones del escándalo de Odebrecht en el país: Alejandro Toledo (2001-2006), que reside en Estados Unidos, y Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que están detenidos. En el caso de Kuczynski, cumple una prisión preventiva que comenzó el miércoles 10 y que iba a extenderse hasta el sábado. El fiscal Pérez había solicitado una audiencia para analizar una posible extensión de la medida cautelar, pero ayer pidió en su lugar la prisión domiciliaria debido a que el ex presidente debió ser internado en terapia intensiva por un alto riesgo de sufrir una obstrucción cardíaca.
Ayer el gobierno decretó tres días de duelo por la muerte de García. La familia del dirigente anunció que no quiere los honores de Estado que le corresponden como ex presidente en su funeral, previsto para el viernes. “Solamente será velado y enterrado con los honores apristas, que a veces son muchos más que los honores del presidente Vizcarra”, dijo Pinedo.