Comenzó ayer el juicio oral a la ex presidenta argentina Cristina Fernández, en el que es acusada de favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante su gobierno, de 2007 a 2015. “En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”, afirma Fernández en un texto que divulgó en sus redes sociales. “Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir”, afirmó.

“Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo [de] armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas –cada vez con menos éxito– de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo”, escribió la ex presidenta. Argumenta que “no se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011” y la Justicia de Santa Cruz las desestimó “por inexistencia de delito”. La actual senadora agrega: “Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del ministerio de Economía y de la gobernación de la provincia. Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras”.

Fernández recordó que los querellantes de la causa son dos organismos que dependen del gobierno de Mauricio Macri: la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

Los partidarios de la ex presidenta la recibieron con aplausos cuando llegó al tribunal. Después de tres horas de audiencia, se dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 27.

A la salida de Comodoro Py, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que escuchó “con atención” la lectura de cargos en contra de la mandataria y los otros 12 imputados en esta causa, y los consideró “barbaridades, ofensas, mentiras, disparates”. Consultada acerca de si la ex presidenta es víctima de persecución política, consideró que sí y cuestionó al gobierno de Macri, que llevó a Argentina a “la peor de las circunstancias”.

Por su parte, Óscar Parrilli, que ocupó varios cargos durante la gestión de Fernández, dijo que la argumentación de los cargos en contra de los imputados es “muy berreta” y consideró que es “lamentable” que haya funcionarios que hagan “un trabajo como este”. “Me hacía acordar a los informes de inteligencia que recibíamos en la Agencia Federal de Inteligencia [...] llenos de vaguedades, imprecisiones, elucubraciones, suposiciones”, agregó. “Todo esto existe solamente en el reino del revés, que es la Justicia actual”, opinó Parrilli, y afirmó que “la gente” respalda cada vez más a la ex presidenta porque sabe que las acusaciones en su contra “son diatribas, mentiras y difamaciones”.

Fernández, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que desviaba fondos públicos, se sentó en la última de las tres filas en las que están ubicados los imputados en la causa, que en total son 13. En la primera, se encontraban dos de las personas que están en prisión por acusaciones de corrupción durante el gobierno anterior: Báez y el ex ministro de Planificación y diputado Julio de Vido.

Detrás de la ex presidenta, en los bancos dispuestos para quienes siguieron el juicio en la sala, se encontraban Carlotto y las líderes de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida. En total, 126 personas fueron invitadas por Fernández a presenciar la audiencia. En los alrededores de la sede judicial, decenas de militantes se acercaron para demostrarle a la dirigente su apoyo.

Mientras se leían los cargos en su contra, se pudo a ver a Fernández conversando con su abogado, Carlos Beraldi, y escribiendo en su celular. En esa lectura se comunicó que se acusa a Fernández de “participar como jefe de una asociación ilícita conformada por otros funcionarios públicos que actuarían como privados de forma estable y permanente por más de 12 años”, durante los que ella gobernó, desviando fondos públicos mediante la “defraudación al Estado nacional y el lavado de dinero”. También se manifestó que esta asociación pudo haber funcionado desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia, en mayo de 2003, y hasta que Fernández la abandonó, en diciembre de 2015.

El juicio durará no menos de nueve meses y, probablemente, abarcará más de un año. Contará con la presencia de 160 testigos, entre ellos Alberto Fernández, quien encabeza la fórmula presidencial que lleva a la ex presidenta como número dos. Se prevé que el tribunal tenga audiencias una vez por semana, pero Cristina Fernández no estará obligada a concurrir a todas. Una eventual condena en primera instancia, en este juicio, sería sólo el punto inicial de un largo proceso judicial, con varias apelaciones, y la dirigente y senadora (con mandato hasta 2023) podría continuar haciendo política y ocupando cargos públicos.