Siguiendo con la línea de una de sus promesas de campaña, la de flexibilizar las autorizaciones para el uso de armas, el presidente brasileño firmó esta semana un decreto que reconoce el “derecho” a portarlas a los ciudadanos que se dediquen a una serie de actividades. El texto fue dado a conocer el martes durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño.
Allí Bolsonaro dijo que podrían acceder con más rapidez al porte de armas los cazadores, los coleccionistas y aquellos que practican tiro deportivo. Pero ayer, cuando el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Unión, se conoció que el derecho al uso y al porte de las armas fuera de sus hogares también alcanza a quienes se desempeñan en otras profesiones y oficios, como los políticos que hayan sido electos mediante el voto popular –desde el presidente de la República hasta los alcaldes y ediles–, camioneros, abogados, residentes en áreas rurales, policías de tránsito, funcionarios de empresas de seguridad privada y de transporte de valores, y también aquellos periodistas que cubren noticias policiales.
De acuerdo con la revista Fórum, la nueva normativa, que entrará en vigencia dentro de 30 días, establece que para acceder al derecho al porte de armas de fuego es necesario tener al menos 25 años, comprobar la capacidad técnica y psicológica para utilizarlas, no tener antecedentes penales ni estar involucrado con ningún proceso judicial, tener una residencia fija y una ocupación lícita. Además de esos requisitos, según establece el texto, es obligatorio comprobar “la necesidad efectiva [de contar con el permiso para portar armas] para el ejercicio de una actividad profesional de riesgo o que implique una amenaza para la integridad física”. El arma, además, tendrá que ser registrada en el Sistema Nacional de Armas.
El decreto de Bolsonaro, por otra parte, cambia las reglas sobre la importación de armamento y también sobre el número de municiones que se pueden comprar durante un año. Al respecto, Bolsonaro dijo que la nueva reglamentación tiende a quebrar el monopolio que existe en el mercado de armas de fuego en Brasil, donde casi la totalidad de las armas registradas son fabricadas por la empresa Taurus, cuya sede está ubicada en la ciudad de São Leopoldo, en Rio Grande do Sul. Esa firma, que además es un gran exportador de armamento, fabrica armas de corto y largo alcance, y además es uno de los principales proveedores del Estado brasileño.
“Voy a conversar con Paulo Guedes [el ministro de Economía] por la cuestión de los impuestos, para no perjudicar a las empresas brasileñas que fabrican armas”, dijo Bolsonaro, según recogió el diario Folha de São Paulo. El gobernante agregó que para la elaboración de este decreto el gobierno actuó “en el límite de la ley”. En cuanto a la compra de municiones, la autorización variará de 50 hasta 1.000 por año.
“Yo siempre dije que la seguridad pública comienza dentro de casa” y por eso, “con mucha satisfacción y mucho orgullo, firmé este decreto con la presencia de personas maravillosas como ustedes”, dijo alegre Bolsonaro durante el acto en el que presentó la norma. Allí estuvo rodeado de parlamentarios de su partido y muchos representantes de la bancada legislativa denominada de la “bala”, aquella que defiende el armamento civil y la flexibilización de las leyes relacionadas al uso de armas.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el ex juez Sérgio Moro, dijo que el decreto firmado por Bolsonaro no forma parte de una política de seguridad pública, sino que es una acción del presidente para cumplir con una promesa electoral. Durante una audiencia a la que asistió ayer en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, y ante las preguntas sobre este decreto que plantearon varios legisladores de la oposición, Moro –que al principio no quiso dar mayores explicaciones sobre el asunto– expresó que “la flexibilización del porte de armas es una política del presidente de la República”. Agregó que el propio Bolsonaro “dijo que no es una política de seguridad pública, sino que la decisión apunta a atender el deseo de sus votantes de una flexibilización de la política sobre este tema”.