El gobierno de Perú envió al Congreso una cuestión de confianza para impulsar sus reformas contra la corrupción, que se debatirá este martes. Esta es una herramienta que tiene disponible el Poder Ejecutivo, mediante la cual puede comprometer al Congreso a tratar determinados proyectos de ley –no a aprobarlos– que le interesa impulsar. Recurriendo a ella, el presidente Martín Vizcarra fuerza a los congresistas a comprometerse con las leyes contra la corrupción que reclama la ciudadanía, o bien manifestarse claramente en contra. Si la moción no fuera aprobada, el mandatario podría decidir disolver el Congreso, tal como establece la Constitución, y convocar a elecciones legislativas anticipadas.
Los roces entre el Congreso y Vizcarra, que no es parte de ningún partido y no cuenta con bancada propia, son constantes desde que el mandatario sustituyó a Pedro Pablo Kuczynski, que fue acusado de corrupción. Además de Kuczynski, enfrentan cargos de este tipo otros ex presidentes de Perú, así como los líderes de varios partidos, entre ellos Keiko Fujimori, la diputada que preside la principal formación opositora, Fuerza Popular, que está en prisión preventiva.
En este contexto, Vizcarra puso la lucha contra la corrupción en el centro de su mandato e impulsó varios proyectos de ley para apuntalar una reforma política. Esta se basa en cinco proyectos, entre ellos, uno que modifica la inmunidad parlamentaria y otro establece que las personas condenadas no podrán ser candidatos. El tercero prohíbe el uso de dinero proveniente de la corrupción en las campañas y el cuarto, vinculado con la paridad, garantiza la participación política de las mujeres.
El presidente ya recurrió, el año pasado, a la moción de confianza para aprobar, en ese caso, una serie de reformas al sistema judicial y político. Tanto en ese entonces como ahora, la oposición lo acusa de excederse de sus funciones al forzar a otro poder, en este caso el Legislativo, a acompañar su agenda, y lo habilita a tomar el camino de la disolución de las cámaras, que considera autoritarista. Además, no se ve con buenos ojos que el gobierno se concentre en este tema, algo que se considera que se debe al descenso de la popularidad de Vizcarra. “67% no conoce las reformas del gobierno, obvio. Hay otros problemas más urgentes que se deben atender. Estamos trabajando en las reformas, y se deben respetar las atribuciones constitucionales”, tuiteó el diputado de Fuerza Popular Mario Mantilla.
Por su parte, el gobierno se defiende asegurando que es la ciudadanía la que reclama que estas reformas se pongan en práctica rápidamente, a la vez que acusa a la oposición de dilatar el debate para que el tema sea abandonado. “Los peruanos quieren un cambio con la reforma política [...] Estoy seguro de que los congresistas, con su voto, van a mostrar el sentimiento de los peruanos”, aseguró ayer Vizcarra.
El debate comenzará hoy, y en representación del gobierno estará el jefe de Gabinete, Salvador del Solar. No está claro todavía si la votación de la moción será en esta sesión o, en otra, que se convoque con ese propósito.
Dando el ejemplo
Mientras el Congreso no termina de aceptar las reformas contra la corrupción propuestas por el presidente, Martín Vizcarra, él mismo se puso a disposición de la Justicia para que lo investigue por presuntas irregularidades cometidas en el pasado. El sábado Vizcarra hizo pública una carta, fechada una semana antes, en la que le pide a la Fiscalía que avance con investigaciones en su contra aunque cuente con la inmunidad que le da el cargo.
El fiscal Walker Ríos Calisaya, especializado en anticorrupción, investigó una denuncia sobre presuntos pagos indebidos que involucran a Vizcarra en la época en la que era gobernador de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014. El fiscal cerró la investigación, pero dijo que no formalizó a Vizcarra por su inmunidad presidencial.
En su carta, el presidente le manifiesta al fiscal que considera que debería proceder con el “sobreseimiento de la causa” y ordenar su “archivo definitivo”. Sin embargo, aclara que si decide continuar él se pone “a su disposición” para que “realice las investigaciones que considere pertinentes”. “Estoy dispuesto a presentarme ante su despacho cuantas veces fuera necesario, a fin de demostrar una vez más mi correcta participación en la función pública”, agrega el mandatario.