Un ahorro de más de 300.000 millones de dólares en diez años, un retraso en la edad jubilatoria considerado necesario por una mayor expectativa de vida y la eliminación de una serie de beneficios especiales con los que contaban algunos trabajadores, entre ellos los del Estado. Esos son algunos de los argumentos esgrimidos por el gobierno de Jair Bolsonaro para justificar la necesidad de aprobar una reforma de las jubilaciones y las pensiones, una posibilidad que desde hace años ronda en el Congreso, pero no ha llegado a concretarse.

El gobierno de Michel Temer ya buscó aprobar una reforma jubilatoria, sin conseguir los votos necesarios para aprobarla. Sin embargo, esa iniciativa, que fue en 2017, sirvió como ensayo previo para este nuevo intento; especialmente, para saber qué estaban dispuestos a aprobar diputados y senadores y cuáles eran los puntos que exigían más negociación.

Así, aquellas partes que contaban con más respaldo fueron mantenidas casi intactas en el proyecto presentado por el actual Ejecutivo. Una de ellas es la que establece una edad mínima de jubilación, de la cual Brasil carece. Actualmente se pueden retirar quienes hayan aportado a la seguridad social durante 30 años en el caso de las mujeres y 35 en el de los hombres, sin edad mínima. La reforma propone que esos plazos se mantengan, pero, además, que la jubilación pueda ser a partir de los 62 años en el caso de las mujeres y de los 65 en el de los hombres.

Otras partes exigieron más negociaciones, que dieron dolores de cabeza al Ejecutivo e incluso lo obligaron a dar marcha atrás con algunas de las propuestas presentadas ante el Congreso en febrero. Una de las propuestas que quedaron por el camino era la de hacer una reforma constitucional (para la que eran necesarias mayorías especiales en ambas cámaras) para transformar el sistema jubilatorio actual en uno como el que impuso la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Esto implicaba la creación de un sistema de capitalización individual, similar al de las administradoras de fondos de pensiones, obligatorio para todos los trabajadores. La propuesta original reducía el mínimo obligatorio de los aportes jubilatorios de los trabajadores y dejaba a voluntad de cada uno de ellos cuánto aportar por encima de ese porcentaje. El gobierno tuvo que renunciar a esa iniciativa para lograr el apoyo de algunos partidos opositores en la Cámara de Diputados, donde cuenta con solamente 50 de 513 escaños.

Otros aspectos de la reforma fueron modificados en una comisión especial de la Cámara de Diputados que fue creada para analizarla y la aprobó la semana pasada. Uno de estos cambios establece que los policías militares mantendrán su régimen actual, que es más beneficioso para los trabajadores que el que se impondrá a partir de la reforma. Otro elimina una “cláusula gatillo” que establecía que la edad mínima de jubilación aumentaría cuatro años a medida que creciera la expectativa de vida.

La comisión también moderó otras partes del proyecto presentado por el Ejecutivo que habían generado polémica por su dureza para con los trabajadores y los jubilados. Por ejemplo, el gobierno pretendía eliminar una cláusula de la Constitución que obliga a ajustar las jubilaciones y las pensiones acorde a la inflación; esa parte de la reforma fue retirada por la comisión y no podrá ser incluida nuevamente.

Pasando pantallas

La aprobación en la comisión era el primer paso para la reforma, pero también el más difícil, debido a las negociaciones que fue haciendo el gobierno con los distintos sectores de la Cámara de Diputados para lograr el apoyo necesario, que ya había conseguido en el Senado.

Finalmente, la reforma fue aprobada el jueves, por 36 votos contra 13, y las normas de la cámara baja establecen que debe someterse a votación en un máximo de 48 horas. Este plazo se cumple mañana, día en el que será incluida en la agenda, indicó el presidente del órgano, Rodrigo Maia, del partido conservador Demócratas, que es parte de la oposición.

Maia también adelantó que el proyecto cuenta con más que los 308 votos necesarios para ser aprobado y manifestó que el gobierno y él quieren que sea sometido a votación antes del 18 de julio, cuando empieza el receso parlamentario de dos semanas, después del cual avanzaría en el Senado.

La reforma jubilatoria es la única propuesta concreta que el gobierno de Brasil ha presentado para paliar la situación económica, que no ha mejorado desde el comienzo de su gobierno. El ministro de Economía, Pablo Guedes, ha sostenido que esta es necesaria para terminar con el déficit crónico del sector público y atraer nuevas inversiones, y ha llegado a asegurar que, de no aprobarse, Brasil podría “ser Argentina”.

En el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto de Brasil cayó 0,2% por primera vez desde la crisis de 2015 y 2016, y se prevé que lo mismo suceda en el segundo, lo que implicaría que el país entre nuevamente en una recesión técnica. En este marco, el Banco Central redujo su proyección de crecimiento para este año de 2% a 0,8%.