Luigi Patronaggio, fiscal de Agrigento, en Sicilia, que tiene bajo su jurisdicción a la isla de Lampedusa, ordenó ayer la incautación temporal del barco humanitario español Open Arms y el desembarco en Lampedusa de los alrededor de 90 migrantes africanos que seguían a bordo.
Según informó la agencia de noticias Efe, el fiscal tomó la decisión a instancias de la organización, al amparo del artículo 328 del Código Penal, que castiga con entre seis meses y dos años al funcionario público que haya omitido su deber, que, “por razones de justicia o de seguridad pública, o de orden público o de higiene y salud, debe ser cumplido sin retraso”.
El Open Arms deberá ahora permanecer dos semanas en Italia en el marco de una investigación. No se dirige contra nadie en concreto, pero está claro que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, con su intransigencia en la decisión de no abrir los puertos a las ONG, es el responsable de la situación. Salvino ya había sido acusado de ese delito el año pasado por impedir a un barco militar italiano desembarcar a un centenar de migrantes.
El buque de la ONG española Open Arms llegó a tener a bordo cerca de 160 migrantes, rescatados en el Mediterráneo entre el 1º y el 10 de agosto, en tres operaciones, pero tras las últimas evacuaciones y de que varios pasajeros se lanzaron al agua para intentar llegar a nado a la costa italiana, seguía a bordo algo más de la mitad. La última evacuación médica se produjo en la tarde de ayer, cuando dos personas fueron trasladadas al puerto de Lampedusa por orden del fiscal de Agrigento.
La pasada madrugada habían sido evacuados otros ocho migrantes y uno de los acompañantes. La tripulación del Open Armas y los responsables de la ONG habían denunciado reiteradamente que cada evacuación parcial suponía un motivo de nerviosismo, peleas y ansiedad entre las personas que permanecían a bordo.