Hace poco más de un mes cerró el plazo de la consulta pública realizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para la liberación en Uruguay del primer trigo transgénico con destino a evaluación experimental en condiciones controladas. Dicho trigo contiene dos genes que fueron introducidos adrede: uno que le confiere resistencia al glufosinato (herbicida que mata las plantas por acción desecante) y otro que le confiere resistencia al estrés hídrico. Evidentemente, el interés por un trigo transgénico parece tener argumentos si se enmarca en el paradigma de la intensificación sostenible, como sucede generalmente con los transgénicos vegetales. Esto se debe a que generalmente el objetivo del gen extraño que se introduce es el de levantar alguna restricción que permita aumentar los rendimientos del cultivo. En este caso, el objetivo es poder usar un herbicida para permitir controlar las malezas.

De manera que este interés en el transgénico de trigo en condiciones controladas parece reafirmar la estrategia intensivista basada en el uso de un paquete tecnológico ciertamente cuestionable y que en varios lugares del mundo está puesto en duda como modelo hegemónico para la producción agrícola. Así las cosas, mientras que varios países se encaminan a la prohibición del glifosato (es el caso de Austria, del Tribunal Administrativo de Lyon, en Francia, y, más cerca, de la provincia de Chubut, en Argentina), en Uruguay la tensión entre el paradigma de la intensificación sostenible y la preservación ambiental aún resulta escasa y un tanto invisible en la discusión pública.

Riesgos

Supongamos que no estuviera en discusión el uso de agroquímicos ni los paquetes tecnológicos que incluyen transgénicos (OGM). Incluso en ese caso parece cuestionable el interés en este trigo transgénico en particular, dado que, además de los dos genes de interés, resultó tener un gen de resistencia a antibióticos del tipo ampicilina (el gen bla). Con respecto a la presencia de este tipo de genes, la Agencia Regulador Europea, por su sigla en inglés) ha indicado que la presencia de genes de resistencia a antibióticos del tipo ampicilina limita el uso de los materiales vegetales únicamente para condiciones controladas de investigación (que es, efectivamente, la solicitud tramitada en Uruguay). No obstante, parece importante prestar atención a la observación realizada por el Grupo Ad Hoc sobre Caracterización e Identificación Molecular de nuevos eventos (GAHCIM) en su “Informe Trigo HB1-PAT”, en el que se indica que la presencia del gen bla no ocurre naturalmente en las plantas y que si bien el riesgo asociado es bajo, dado que el gen está inactivo en el transgénico en cuestión, las consecuencias podrían ser muy graves en el caso –casi improbable– de que dicho gen se activara.

Esta aparente contradicción entre la evidencia científica obtenida hasta el momento, que no ha encontrado altos riesgos de transferencia horizontal del gen bla, y la observación realizada por el GAHCIM pone de manifiesto la insuficiencia de la ciencia per se a la hora de resolver las controversias científicas que atraviesan el debate público, en este caso sobre el uso del paquete OGM + herbicidas enmarcado en el actual paradigma de la intensificación sostenible y que, en este trigo modificado en particular, puede suponer nada más y nada menos que un riesgo poco probable pero de alto impacto en términos de salud pública.

Precisamente, la Organización Mundial de la Salud ha comenzado a desplegar su Plan de Acción Global contra la Resistencia a Antibióticos, en respuesta al incremento de las resistencias a los antibióticos, al costo que estas implican para los sistemas sanitarios (sobre todo para los países en vías de desarrollo) y el perjuicio que genera contra las metas del desarrollo sostenible. En definitiva, la pregunta de fondo es cuál es el riesgo asociado al modelo productivo vigente que hay que pagar. ¿Estamos dispuestos como sociedad a asumir ese riesgo?

Efectos colaterales

Ahora bien, el cuestionamiento al paradigma de intensificación sostenible no acaba solamente en la crítica a su visión economicista, integrada perfectamente a la lógica neoliberal de maximización de los resultados económicos. Por el contrario, incluso si se toma en cuenta la demanda, siempre presente en el discurso neoliberal, de disminuir el costo del Estado, cabe cuestionarnos qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, la agricultura convencional afecta la producción de miel. Sin ir más lejos, los productores apícolas se han venido manifestando públicamente sobre la pérdida de productividad (asociada a la expansión de los monocultivos y la falta de biodiversidad floral) así como por la pérdida de valor de la miel uruguaya como consecuencia de la presencia de residuos de agroquímicos en las mieles que eran destinadas al mercado europeo. En consecuencia, la Sociedad Apícola del Uruguay –aunque sin éxito– ha manifestado la necesidad de un subsidio otorgado por el Estado mediante un apoyo económico para contrarrestar los bajos precios obtenidos por la miel mientras no haya un cambio en el modelo agrícola basado en el uso de agroquímicos.

En definitiva, esta situación nos renueva el interrogante de si es posible o no la coexistencia de dos modelos productivos distintos. ¿Qué pasa con el derecho de un productor a plantar, por ejemplo, maíz no transgénico, si se encuentra rodeado de vecinos que sí utilizan maíz transgénico? La trayectoria del polen no sabe de límites entre chacras. Esto no quiere decir que necesariamente no haya coexistencia posible, pero sí que –como mínimo– se requiere un esfuerzo sustancial en términos de planificación del paisaje productivo.

Precisamente, el modelo agrícola hegemónico basado en el uso intensivo de agroquímicos transcurre afectando también otras actividades económicas: ¿cuál es el perjuicio económico que habrá sobre el turismo de sol y playa debido a los afloramientos de cianobacterias que avanzan año a año en la costa uruguaya? En este sentido no debemos olvidar que evidentemente hay una acumulación que se arrastra desde las cuencas altas de nuestros principales ríos, es decir, que parte de la eutrofización y la contaminación de nuestras aguas tiene su origen en actividades productivas desarrolladas en los países vecinos. Por lo tanto, no es cuestión de identificar a “los malos”, porque eso sólo llevaría a la ausencia de diálogo entre las distintas visiones y, peor aun, a la inamovilidad del estado de las cosas.

¿Quién paga el costo?

El paradigma de la intensificación sostenible, al margen de los esfuerzos realizados en materia de política ambiental materializados por medio de un marco regulatorio que intenta definir lo “utilizable” (en el caso de los planes de uso y manejo de suelos para la agricultura y la lechería, por ejemplo, se parte del acuerdo de un máximo de erosión permitido por hectárea y por año), parece requerir de manera sine qua non una suerte de “subsidio ambiental” desde la sociedad. Esto no es otra cosa que aquella degradación ambiental que se toma como un hecho y por la cual el modelo de producción no se hace responsable: hay un traslado de los costos ambientales desde el modelo productivo hacia la sociedad. Muchas veces, esto se traduce en costos incrementales que recaen sobre los hombros de los contribuyentes, como en el caso del incremento de los costos del proceso de potabilización del agua que se traslada o bien directamente a la tarifa pública o bien compitiendo por recursos con otros destinos (por ejemplo, políticas educativas, sociales, laborales) dentro del Presupuesto Nacional.

Existe una tensión entre los enfoques científico-tecnológicos reduccionistas que intentan validar el paradigma de la intensificación sostenible y los reclamos surgidos desde la sociedad en materia de avance hacia una transición agroecológica.

Otras veces, el costo ambiental se socializa mediante una degradación ambiental que es acumulativa, de largo plazo, y, en tanto consideremos el acceso al ambiente como un derecho transgeneracional, esta dinámica implica un costo diferido en el tiempo y que, de algún modo, transcurre como un subsidio que se toma desde las generaciones futuras (sin preguntar por su consentimiento, claro está).

Pero supongamos que esta conceptualización resulta de una abstracción que no es compatible con los horizontes temporales de la velocidad de mercado, la socialización de los costos ambientales también surge como consecuencia de las desigualdades económicas entre distintos grupos sociales. Como sucede con otras desigualdades, es sobre los grupos sociales más vulnerables que recae la mayor parte del impacto ambiental negativo. Basta pensar en quiénes son los que habitan el espacio rural –que, en definitiva, son los que les ponen el alma y la carne a las malas prácticas agrícolas, por ejemplo cuando no se respetan los límites para la fumigación y se afectan escuelas o centros poblados–. A escala más global, en general los más vulnerables frente a los episodios climáticos extremos (asociados al cambio climático) provienen también de los grupos socioeconómicos menos favorecidos.

En efecto, es en esta idea de que los individuos no son todos iguales frente a las degradaciones ambientales donde anida la ontogénesis misma de la justicia ambiental. Es decir, la justicia ambiental surge como respuesta a una desigualdad ambiental que, según Éloi Laurent, discurre por distintas vías de vulnerabilidad según el país y sus estructuras sociales (grupos étnicos, poblaciones marginadas, grupo de vulnerabilidad) y nivel de redistribución de la riqueza. En otras palabras, las condiciones estructurales que determinan las desigualdades económicas y de acceso a la cultura constituyen también las condiciones demarcadoras de los niveles de vulnerabilidad frente a la degradación ambiental. Consecuentemente, reside allí un mecanismo que dirige, al menos en parte, los flujos de distribución y socialización de los costos ambientales del correspondiente modelo productivo.

Abonar la concepción del acceso a un ambiente sano como derecho humano implica analizar el modelo productivo (inserto dentro de una estrategia de desarrollo) desde esferas distintas y complementarias a la arista económica. No obstante, esto no debería implicar el menosprecio hacia el rol central que tiene el crecimiento económico para lograr mejores niveles de equidad e igualdad social, máxime en un país de renta media y en proceso de desarrollo, como es el caso de Uruguay.

Evidentemente existe una tensión entre los enfoques científico-tecnológicos reduccionistas que intentan validar el paradigma de la intensificación sostenible y los reclamos surgidos desde la sociedad en materia de avance hacia una transición agroecológica. Esta “disputa por la verdad” y la aparente falta de un marco de referencia común que haga posible la discusión argumental entre las posiciones surge en parte por diferencias en los horizontes temporales. Yves Citton, en Para una interpretación científico-literaria de las controversias científicas, sostiene que, justamente, los modelos productivos sustentados en una lógica meramente economicista resultan incompetentes a la hora de generar progreso social, bienestar humano y de conservar el ambiente, debido a que al enmarcarse en la lógica de la libre competencia del mercado “no puede[n] operar sino en temporalidades extremadamente cortas”, que no concuerdan con los tiempos propios de los ciclos ambientales. Es decir, la posibilidad de tener una idea sopesada de la interacción entre el modelo productivo y el ambiente muchas veces se ve limitada en la medida en que la validación de los paquetes tecnológicos opera en esquemas de tiempos muy cortos. Esto implica necesariamente repensar el modelo productivo y, para ello, las políticas productivas y los esquemas de I+D que lo sostengan deben repensar y rediscutir la tecnología de producción desde otras temporalidades que no obedezcan únicamente al ritmo de los mercados y su inmediatez, sino al ritmo y a los ciclos de la vida.

De hecho, y para ponerle cifras al asunto, investigadores uruguayos (Beretta, Perez, Carrasco, 2019) publicaron un trabajo realizado a partir del seguimiento de chacras agrícolas entre 2002 y 2014. Los investigadores encontraron que hubo un deterioro generalizado de todas las variables analizadas (materia orgánica, niveles de nutrientes minerales como fósforo o potasio, pH, etcétera), asociado al incremento de la productividad por unidad de superficie, es decir, como consecuencia de la trayectoria de intensificación agrícola. Este proceso de intensificación productiva rompió el equilibrio entre producción y ambiente, incluso bajo el uso masivo de la siembra directa y del glifosato como herbicida central del paquete tecnológico –que ha sido la gran estrategia tecnológica del paradigma actual en el avance de la agricultura de secano durante los últimos años–. El trabajo va más allá y sugiere que si se sigue la trayectoria actual, al cabo de algunos años una gran parte de los suelos agrícolas disminuirán su potencial productivo y perderán su capacidad de producir cultivos de forma sustentable.

En definitiva, el cuestionamiento al modelo de producción agrícola basado en el uso intensivo de agroquímicos y la incipiente deslegitimación del paradigma de la intensificación sostenible nos obliga a repolitizar la discusión científico-tecnológica en tanto punto de partida para la concepción de políticas de I+D orientadas al desarrollo de una producción agropecuaria acorde a los desafíos del mundo actual. Al final, ni se trata de establecer unas categorías de supremacía moral de los unos contra los otros (quienes bregan por uno u otro modelo productivo) ni de desconocer la legítima y sana aspiración de los productores a trabajar y generar riquezas para el país. La cuestión es más compleja y más profunda: se trata de rediscutir en clave nacional –pero también en clave regional– qué y cómo producimos, y cómo, poco a poco, integramos la idea del acceso a un ambiente sano como una cuestión de derechos transgeneracionales en la concepción de las políticas productivas.

Ezequiel Jorge Smeding es ingeniero agrónomo y estudiante de la Maestría en Ciencias Agrarias.

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