En el marco de la apertura de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que comenzó ayer y se extenderá hasta el 27 de setiembre en la ciudad suiza de Ginebra, la alta comisionada del organismo, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, advirtió que el cambio climático no sólo tiene un impacto devastador en los entornos naturales, sino también en el respeto de los derechos humanos a nivel mundial.

Bachelet hizo mención a las guerras civiles provocadas por el calentamiento global y también a la difícil situación de los pueblos indígenas que habitan la Amazonia, zona que hoy más que nunca está asolada por incendios forestales y por un proceso de deforestación muy acelerado.

La chilena también denunció los ataques a activistas ambientales, particularmente en América Latina, y el abuso dirigido a figuras de alto perfil, como la activista adolescente sueca Greta Thunberg. “El mundo nunca ha visto una amenaza a los derechos humanos de este alcance”, dijo Bachelet durante su discurso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de acuerdo a lo que consignó la agencia de noticias France Press. “Las economías de todas las naciones, el tejido institucional, político, social y cultural de cada estado, y los derechos de toda su gente y las generaciones futuras, se verán afectados debido al cambio climático”, sostuvo.

La 42ª sesión del Consejo comenzó con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del huracán Dorian en las Bahamas, donde al menos 44 personas murieron y miles de casas resultaron destruidas. “La tormenta se aceleró con una velocidad sin precedentes sobre un océano calentado por los cambios climáticos, convirtiéndose en uno de los huracanes más fuertes del Atlántico que jamás haya tocado tierra”, dijo Bachelet. Los pequeños estados insulares bajos, como las Bahamas, muy afectados por el cambio climático, están viendo rápidamente vulnerados sus derechos al agua, al saneamiento, a la salud, a la alimentación, al trabajo y a la vivienda adecuada, advirtió la diplomática chilena, quien llamó a la acción internacional para mitigar el impacto en esos lugares.

Respecto de la Amazonia, denunció la “aceleración drástica de la deforestación” y agregó que “los incendios que actualmente azotan la selva tropical pueden tener un impacto catastrófico en la humanidad en su conjunto, pero sus peores efectos los sufren las mujeres, los hombres y los niños que viven en estas áreas”. La ex mandataria trasandina instó a las autoridades de Bolivia, Paraguay y Brasil a “garantizar la implementación de políticas ambientales a largo plazo, evitando así futuras tragedias”.

Por otra parte, la alta comisionada también destacó el impacto del cambio climático en la inseguridad en todo el mundo. Al respecto, citó una estimación de la ONU de que 40% de las guerras civiles en las últimas seis décadas se han relacionado con la degradación del medioambiente. En la región del Sahel, por ejemplo –extensión de más de 5.000 kilómetros de longitud que va de costa a costa del continente africano, delimitada al norte por el desierto del Sahara y al sur por la sabana–, la degradación de las tierras cultivables “está intensificando la competencia por los recursos ya escasos. Esto, a su vez, exacerba las tensiones étnicas y alimenta la violencia y la inestabilidad política”, agregó la chilena.

Paralelamente, Bachelet lamentó que los militantes que advierten de los devastadores impactos del cambio climático a menudo son blanco de ataques. Los expertos de la ONU, aseguró, habían “observado ataques contra defensores de los derechos humanos ambientales en prácticamente todas las regiones, en particular en América Latina”. “Las demandas de los defensores y activistas ambientales son convincentes, y debemos respetar, proteger y cumplir sus derechos”, afirmó Bachelet.

Luego de su discurso de apertura, la chilena presentó ante el Consejo informes orales sobre las crisis humanitarias que se están viviendo en Birmania, Gaza y Venezuela. Acerca de Birmania, denunció que los combates entre el Ejército de Arakan –grupo insurgente perteneciente a los rohingyás, minoría étnica musulmana– y las fuerzas oficiales birmanas en el estado de Rajine provocaron otra “ola de violaciones de los derechos humanos” que está afectando tanto a la minoría rohingyá como al resto de la población local, y ha reclamado Justicia.

Con respecto a la situación en el territorio palestino de la Franja de Gaza, afirmó que en su gran mayoría los palestinos muertos y heridos en las protestas que tienen lugar desde marzo de 2018 ante la valla de separación entre Gaza e Israel no representaban una amenaza real para los soldados o para otras personas. Entre esas víctimas se cuentan “niños muertos o gravemente heridos por armas de fuego”, puntualizó Bachelet. Según datos del Ministerio de Salud del territorio de Gaza, un total 310 palestinos murieron y 17.000 resultaron heridos por fuego israelí en las protestas. Bachelet también atribuyó la responsabilidad que les corresponde a las autoridades de Gaza y a los organizadores de las protestas por no evitar la participación de niños. “Aunque la responsabilidad principal por las muertes y heridas de niños recae sobre Israel, parece que los organizadores y autoridades han hecho muy poco esfuerzo para evitar que los niños se trasladen hasta los lugares de las protestas”, explicó.

Al momento de hablar sobre la situación de Venezuela, Bachelet expresó que el régimen que encabeza el presidente Nicolás Maduro no ha mostrado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales. La alta comisionada presentó una “actualización oral” sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en la que señaló que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Faes en algunas zonas del país”. A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas, que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas sólo en julio en la ciudad de Caracas.