A través de un comunicado, la Cancillería uruguaya manifestó su preocupación ante la “conculcación de los derechos de los diputados de la Asamblea Nacional venezolana, expresión máxima de la democracia”, y particularmente condenó el accionar de la Guardia Nacional Bolivariana, “que impidió a los representantes legítimamente electos por el pueblo” para participar de la sesión de este domingo, en la que debía elegirse un nuevo presidente del órgano.

Este domingo, con polémica incluida, el chavismo y parte de la oposición venezolana proclamaron al diputado Luis Parra -afín al chiavismo- como presidente de la Asamblea Nacional, mientras Juan Guaidó, el autoproclamado presidente encargado de ese país que buscaba la reelección del cargo, no pudo entrar al legislativo porque se lo impidió la Guardia Nacional. La oposición sí lo designó para seguir como titular del órgano legislativo en una sesión paralela realizada en la sede del diario El Nacional.

“La actitud del gobierno de Venezuela daña seriamente los esfuerzos de la comunidad internacional para colaborar con los venezolanos, a través del diálogo y la negociación, en lograr una salida a la grave crisis institucional que sufre ese país”, agregó la Cancillería en el comunicado.

Finalmente, el gobierno uruguayo llama a “a todos los actores venezolanos, pero en particular al gobierno, a evitar acciones que continúen agravando la situación y poniendo en riesgo la estabilidad del país”, así como “a respetar estrictamente los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos y muy especialmente los fueros de los legisladores integrantes de la Asamblea Nacional”.

Horas antes, el presidente electo Luis Lacalle Pou había publicado en Twitter que los hechos ocurridos en Venezuela “constituyen un nuevo golpe a la institucionalidad democrática” de Maduro “para centralizar el poder, violentando la voluntad popular”

Además, la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, escribió en esa misma red social que “la dictadura en Venezuela sigue avasallando derechos”.

Por la misma vía, el canciller designado Ernesto Talvi expresó su “más enérgica condena a estas acciones contrarias a la legitimidad constitucional”.

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