Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Es muy sano revisar lo que nos parece obvio, para que el “sentido común” no lleve nuestro pensamiento siempre por los mismos trillos, pero a veces la acumulación de evidencia es muy elocuente. Cuando la floración de cianobacterias afectó las aguas del río Santa Lucía, que abastecen a la mayor parte de la población del país, parecía muy razonable asociar ese alarmante fenómeno con el creciente uso de fertilizantes agrícolas, y en la misma dirección apunta el resultado de los estudios realizados por un equipo de investigadores. Hay otros casos en que nuevos datos refuerzan lo que ya se veía con suma claridad.

Cabildo Abierto es señalado como un “partido militar” y niega serlo, pero algunas de sus prioridades dan derecho a seguir pensando que es, por lo menos, “cívico-militar”, o “militar-cívico”. Por ejemplo (y sin entrar en cuestiones del pasado reciente), su insistencia en buscar fórmulas para aumentar las remuneraciones de quienes integran las Fuerzas Armadas.

El precio de los combustibles, y en particular el del gasoil, ha sido en los últimos años un elemento muy importante en el relato del actual oficialismo, y también en el de organizaciones como Un Solo Uruguay, como símbolo de los costos excesivos que el aparato estatal le impone al “país productivo”, para beneficiar a sectores “parasitarios”. Con ese antecedente no puede sorprender a nadie que cálculos realizados por la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, sobre el precio teórico de venta al público de gasoil importado, indiquen que sería seis pesos más barato que el establecido por la tarifa oficial. También cabe prever, por supuesto, que tales cálculos serán discutidos.

No menos esperable era que las autoridades de la Universidad Tecnológica señalaran en el Parlamento, como lo han hecho sus pares de otras instituciones de educación pública, que cualquier reducción de presupuesto tiene costos importantes.

En lo referido a las denuncias de violencia excesiva en procedimientos policiales, parece cada vez más obvio lo que ocurre. Las normas vigentes disponen que, cuando a los funcionarios les parece que existe una aglomeración de personas inconveniente para la prevención de la covid-19, deben exhortar a que esa presunta aglomeración se disperse. Si los resultados de la exhortación no satisfacen a quienes están al mando de los operativos, deberían limitarse a insistir sin violentar a nadie.

Lo que ha ocurrido, por el contrario, es que los policías se acercan, presionan y, apenas alguien hace algo que puedan interpretar como una falta de respeto o un desacato, entran en modo represivo. La situación pide a gritos un protocolo claro, que indique además si hay algún motivo para considerar que la presencia de gente joven en una plaza es el mayor riesgo para la salud pública.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, admite que hay un vacío normativo, pero alega que esto “ha sido querido por el gobierno en la base de la libertad responsable”. No es sencillo interpretar qué quiere decir, pero no parece preocuparle lo evidente: ese vacío da lugar a la arbitrariedad policial.

Hasta mañana.