Después de asumir la presidencia, el 10 de diciembre, Alberto Fernández envió al Congreso lo que se conoció como la ley de solidaridad, con varias medidas que, aseguraba, se dirigían a combatir la crisis económica y social que atravesaba el país. Entre otras cosas, la norma suspendía durante 180 días la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria, aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri, que vinculaba directamente el aumento de las jubilaciones con la inflación. El actual Ejecutivo tiene entre sus principales objetivos bajar la inflación, que el año pasado superó el 50%, y para eso defiende, entre otras cosas, la desindexación tanto de las jubilaciones como de los salarios. Durante esos 180 días, anunció en ese entonces, se entregarían dos bonos y se prepararía una nueva fórmula.

El viernes el gobierno anunció los nuevos aumentos –no así la fórmula, que se prevé para mayo–: una suma fija de 1.500 pesos argentinos y un aumento adicional de 2,3%. El incremento mayor es de 13% y se aplica a quienes cobran la jubilación mínima, que pasa a ser de casi 16.000 pesos argentinos, unos 10.000 uruguayos. El porcentaje va bajando y, por ejemplo, es de 9,8% para quienes pasan a cobrar casi 22.000 argentinos (unos 13.500 uruguayos) y de menos de 5% para los que pasan a tener una jubilación de 62.880 argentinos (casi 40.000 uruguayos) o más. A estos aumentos, destacó el gobierno, se suma que 170 medicamentos serán gratuitos para los afiliados al Programa de Atención Médica Integral, que equivale a lo que sería salud pública en Uruguay pero cobra los tickets de medicamentos.

63% de los jubilados cobran la jubilación mínima, que pasa a ser de 15.892 pesos argentinos.

Los números y la comparación con la fórmula de Macri

En Argentina hay casi siete millones de jubilados y pensionistas, de los cuales 63% cobra la mínima. Los aumentos cumplen con aquello que prometió Fernández de beneficiar a quienes estaban más sumergidos, pero todo suena a poco en un país en el que 89% de los jubilados y pensionistas cobran menos que la canasta básica del jubilado, estimada en 37.937 pesos argentinos (unos 23.500 uruguayos) por el organismo público Defensoría de la Tercera Edad. Esta entidad, dependiente de la Defensoría del Pueblo, hace un cálculo distinto al del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que en diciembre fijó la canasta básica en 12.608 pesos argentinos (unos 7.800 uruguayos) por persona.

Después de conocerse los nuevos aumentos, varios medios hicieron la comparación entre lo que percibirán ahora los jubilados y lo que habrían cobrado si siguiera vigente la fórmula del gobierno de Macri, con la que el incremento sería de 11,56%. La comparación refleja que sólo los que cobran la mínima se vieron beneficiados, con hasta 197 pesos argentinos más (unos 120 uruguayos). Todos los demás cobrarán lo mismo o menos. En el tope de la pirámide, los que cobran más de 100.000 pesos argentinos (poco más de 60.000 uruguayos) se verán perjudicados al recibir unos 8.000 menos (casi 5.000). Si se considera todo el conjunto, el aumento que sería de 11,56% pasó a ser de 8%.

¿Aumento o ajuste?

“El ajuste fiscal por la menor suba de las jubilaciones alcanza 5.100 millones [de pesos argentinos] por mes”, tituló en su portada del sábado el diario argentino Clarín. En la nota cita un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en el que se analiza el aumento anunciado el viernes y se calcula la diferencia entre lo que habrían cobrado los jubilados con la fórmula de Macri y lo que cobrarán. Esa diferencia, que equivale a unos tres millones de pesos uruguayos, Clarín la considera un “ajuste fiscal” que sería “clave de cara a las negociaciones de la deuda” con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados.

En el informe del CEPA se descarta explícitamente que esa diferencia pueda considerarse un ajuste, porque el aumento global, de 8%, es igual a lo que estima ese organismo que será la inflación para el período marzo-mayo 2020 –para cuando estaría la nueva fórmula–. Incluso señala que, si se agregan los bonos pagados en diciembre y enero, el monto destinado a jubilaciones es mayor que el que habría correspondido con la fórmula de Macri.

En 37.937 pesos argentinos está estimada la canasta básica del jubilado por la Defensoría de la Tercera Edad.

El regreso de la polémica con Clarín y las críticas de la oposición

“Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados, cuando en realidad eso no pasó”, aseguró ayer Fernández en Twitter. “Este es un ejemplo de cómo se desinforma”, agrega en una publicación en la que también incluye un tuit de Hernán Letcher, director del CEPA, que también critica la interpretación que se hizo del informe. “Algunos medios de comunicación leyeron la mitad del último informe de CEPA, pretendiendo instalar un ajuste fiscal en las jubilaciones que no se condice con la realidad”, escribe Letcher.

Ni siquiera la oposición había llamado “ajuste” al aumento dispuesto por el Ejecutivo. En un comunicado, la coalición que respaldó al gobierno de Macri, ahora llamada Juntos por el Cambio, consideró que se trata de “un aumento discrecional a medida del gobierno” y de sus “necesidades políticas y fiscales”. “Más de la mitad de los jubilados va a cobrar menos que lo que le corresponde”, agrega la oposición, una afirmación que no parece estar respaldada en la información de ningún medio de comunicación.

No sólo la oposición rechazó la nueva modalidad. También lo hizo un grupo de jubilados que se movilizó este sábado en la Plaza de Mayo. Por su parte, la Defensoría de la Tercera Edad anunció que recurrirá a la Justicia para que se declare inconstitucional la modificación del aumento, argumentando que “vulnera derechos adquiridos” por los jubilados.