Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La legislación vigente sobre financiamiento de los partidos establece que estos deben presentar a la Corte Electoral una rendición de cuentas sobre sus ingresos y egresos en las campañas. Son los datos realmente disponibles y resultan muy interesantes, pero hay que tomarlos con pinzas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la Corte Electoral no está en condiciones de investigar y verificar si las declaraciones partidarias son veraces. Lo segundo es que “ingresos” no equivale a “donaciones”, porque los partidos cobran legalmente por voto recibido, y reciben adelantos a cuenta de ese pago (que, en el caso del Frente Amplio –FA– constituyen la gran mayoría de los ingresos declarados).

Lo tercero es que muchas empresas y personas con importantes recursos económicos hacen aportes a más de un partido, para cultivar vínculos que pueden serles útiles: esto suele llamarse “poner huevos en varias canastas”. Lo cuarto es que el financiamiento real de los partidos incluye, con notable frecuencia, gastos estatales destinados a otros fines, como el correspondiente a sueldos de personas pasadas en comisión para que auxilien a legisladores o jerarcas de organismos públicos en sus tareas específicas, pero que en años electorales vuelcan gran parte de sus esfuerzos a las campañas.

Lo quinto –muy relevante– es que, como le dijo en 2000 Julio María Sanguinetti al costarricense Kevin Casas, en Uruguay un donante de 50.000 o 60.000 dólares es un gran contribuyente, pero en términos de publicidad televisiva, 50.000 dólares es muy poco, de modo que la fijación de las tarifas publicitarias en televisión, por parte de los canales, es el factor más importante para patrocinar una candidatura. La negociación entre partidos y canales es reservada, pero hay fuertes evidencias de que las tarifas varían mucho.

Las rendiciones de cuentas partidarias incluyen datos sorprendentes o llamativos. Por ejemplo, la fórmula del Partido Nacional declaró, como parte de sus gastos de campaña, el aporte de 75.400 pesos para la edición del libro Once rounds, de entrevistas con Luis Lacalle Pou realizadas por Alfredo García, que fue editado antes de las elecciones por Fin de Siglo.

En todo caso, la gran cantidad de incertidumbres e interrogantes que surgen a partir de estos datos son un indicador de cuánto falta para que esta faceta de la actividad política sea en verdad transparente.

En el mundo se han intentado distintas formas de regulación en esta materia: algunos países son muy permisivos en cuanto a las formas de financiamiento e intentan –con suerte dispar– que todo esté a la vista; otros mantienen numerosas prohibiciones, pero no han hallado el modo de garantizar que estas normas se cumplan. Hay quienes piensan que lo mejor es que el Estado garantice el acceso de todos a espacios de difusión de sus propuestas en medios de comunicación, y que la publicidad propiamente dicha por esa vía esté muy acotada o no exista.

Las fórmulas son muy diversas y no está claro cuál resulta más conveniente para la calidad de la democracia. Lo indudable es que en Uruguay estamos todavía muy lejos de definir y aplicar con seriedad una, para luego evaluar con precisión sus consecuencias.

Hasta mañana.