Integrantes del gobierno de transición de Sudán expresaron este martes que están de acuerdo con enviar a la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que tiene su sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, al ex presidente Omar al Bashir, en el marco de las negociaciones de paz que mantiene con distintos grupos rebeldes que operan en la región de Darfur.
El anuncio se hizo desde la ciudad de Yuba, capital del vecino país de Sudán del Sur, donde las dos partes mantienen conversaciones de paz. “Sólo podemos lograr justicia si curamos las heridas y no podemos escapar de enfrentarlas, sin la aparición de aquellos contra quienes la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto”, dijo Mohamed Hassan al Taishi, miembro del consejo soberano de Sudán, órgano colegiado que gobierna al país africano desde agosto del año pasado, cuatro meses después de la salida del gobierno de Al Bashir, quien fue depuesto en abril luego de meses de masivas protestas populares.
Los detalles exactos de cómo y cuándo se podría entregar al ex presidente no están claros, y aparentemente dependen de un acuerdo de paz integral entre las autoridades y los rebeldes. También hay dudas sobre el apoyo del influyente ejército sudanés para que tal acción se lleve a cabo, de acuerdo a lo que informó el diario inglés The Guardian.
Al Bashir está encarcelado en Jartum, la capital de Sudán, desde que fue expulsado del poder en abril, cuando las fuerzas de seguridad le retiraron su apoyo a su régimen represivo. En diciembre el dictador que gobernó con mano de hierro durante 29 años fue sentenciado a dos años de prisión por corrupción, una condena considerada ridícula por las víctimas de su brutal gestión.
Los representantes del consejo soberano sudanés decidieron acoger una vieja demanda de los rebeldes: que las personas requeridas por la CPI sean enviadas a ese tribunal, dijo el ministro de información, Faisal Saleh.
El ex dictador, por su parte, niega categóricamente todas las acusaciones en su contra. Según dijo a la agencia de noticias Reuters uno de sus abogados, Al Bashir se negaría a afrontar un juicio con la CPI porque considera que es “un tribunal político”, y que el poder judicial de Sudán podría manejar cualquier caso en su contra.
El dictador derrocado es acusado por la CPI de responsabilidad penal por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, por el asesinato, mutilación y tortura de cientos de miles de personas en la región sudanesa de Darfur desde 2003 hasta el año pasado. Según estimaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas, entre 200.000 y 400.000 personas murieron en el conflicto y más de dos millones y medio fueron desplazadas, lo que causó una de las más severas crisis humanitarias del siglo XXI.