El Estado es de todos

Un virus cuyo diámetro es la diezmilésima parte de un milímetro ha transformado a democracias occidentales y es de temer que afecte seriamente a la población en países con pobre fuerza institucional, o torpeza en su conducción. La pandemia causó y puso de manifiesto muchos males, y como reacción, el más dramático aumento del poder del Estado desde la Segunda Guerra Mundial, pues condujo velozmente a la conclusión de que sólo el Estado puede enfrentar esta crisis.

Ese es el caso de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania, de Francia y de muchos, también de Uruguay. El gobierno uruguayo puso en marcha un “fondo coronavirus” para “cubrir todas las necesidades que estamos enfrentando”, poniendo en acción la solidaridad en materia sanitaria y social. También señaló que las necesidades futuras serán producto de “una etapa posterior seguramente más aguda, a juzgar por la experiencia de otros países”. La iniciativa fue bien recibida por todos los sectores, y las críticas no fueron a la esencia de la propuesta, que se mantiene.

En el mundo, incluido Uruguay, hay unos 2.500 millones de personas con su movilidad restringida. Esta potestad del Estado tiene necesariamente efectos laterales, principalmente en materia de libertades civiles. Ellas son hoy un tema para el futuro.

Dirigiéndose a la nación alemana, Angela Merkel señaló que “el coronavirus está modificando actualmente en forma dramática la vida en nuestro país. Nuestra idea de la normalidad, de la vida pública, de la convivencia social, está siendo puesta a prueba como nunca antes”. Y: “Desde la reunificación de Alemania; no, desde la Segunda Guerra Mundial, no se había planteado a nuestro país ningún otro desafío en el que todo dependiera tanto de nuestra actuación solidaria mancomunada”.

Con eficacia, el gobierno uruguayo convocó a la solidaridad desde la democracia, en la que el Estado somos todos. En sus palabras el viernes, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dio detalles de cómo se cubrirá una cifra que redondeó en 12 millones de dólares en dos meses, proveniente de sueldos públicos (la quita a jubilaciones queda a definir), parte de un presupuesto general no detallado que el presidente Luis Lacalle Pou redondeó en 400 millones.

El aporte del sector privado se mencionó y agradeció por anticipado, aunque no se especificaron montos ni donantes. La idea de una contribución solidaria desde el Estado exige la autenticación de que el Estado que actúa sea el de todos; reclama pasar a la ofensiva con nuestra mejor arma: la democracia, en contraposición a la aristocracia, que es el gobierno de pocos.

Todos deberíamos aportar. La contribución del sector privado, y entre ellos principalmente la de los acaudalados, reclamada por distintas voces, debería ser convocada en jornadas específicamente solidarias, tal vez con el modelo de la Teletón, tal vez con otro, para que hagan sus aportes. Por cámara empresaria, por ejemplo. En todo caso, en una instancia hecha de inmediato, porque los tiempos los pone el virus.

El inevitable avance del Estado al que asistimos sugiere un viejo temor liberal (o tal vez sólo neoliberal): que el Estado luego será renuente a ceder el espacio ganado. Pero la participación del conjunto del país en esta necesaria cruzada solidaria despoja a la acción de ribetes ideológicos.

A esto se suma un aspecto eminentemente práctico: ¿qué sucederá cuando la crisis se agudice, como bien prevé el gobierno? Hoy, el gobierno no dice más que eso; ni siquiera cuantifica la partida con la que se debería poner a la par del aporte privado, según es de uso; tampoco está clara la capacidad sanitaria de la que hoy se dispone. Y mucho es lo que se necesitará: recursos, gestión, mancomunión y dinero.

Este gobierno se comprometió en campaña a no poner nuevos impuestos, y dijo ya el presidente que bien quisiera mantener su palabra. Tal vez sea posible obtener recursos sin afectar a nadie que integre la población. Por ejemplo, sería posible obtener un crédito blando y amortizarlo con un impuesto a las herencias –debería ser de dos dígitos; habría que estimar la proyección–, que hoy no existe en el país. Cualquiera sea el camino en esa dirección, con un sistema político que actúe con inteligencia y se mantenga en el cauce, con una población con el recatado comportamiento cívico que se viene acentuando, con ser, en definitiva, lo uruguayo que decimos ser, tendríamos un país reafirmado en la democracia, más unido todavía, y más igualitario.

Andrés Alsina es escritor y periodista