“Los sistemas carcelarios son una de las áreas vulnerables frente a la pandemia, tanto por su fragilidad para responder rápidamente con las medidas de prevención requerida, como por las carencias estructurales preexistentes y por el riesgo que significa que el virus llegue a su población y se replique desde allí como vector de transmisión hacia afuera”, explica Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, en un informe presentado a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
El comisionado recomienda a los operadores del sistema de justicia –defensores, fiscales y jueces– que tomen acciones para disminuir los riesgos asociados a la pandemia en las cárceles, para así proteger tanto a las personas más vulneradas del sistema penitenciario como a la población en general. Según Petit, estas medidas recaerían sobre una población muy reducida dentro del sistema.
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En este sentido, presentó un informe en el que recomienda estudiar tanto la prisión domiciliaria como penas alternativas a aquellos que tengan alta vulnerabilidad, en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19. Se recomienda valorar esta propuesta particularmente para personas de avanzada edad, que hayan cometido delitos leves o tengan penas cortas, con enfermedades complejas ya instaladas, o mujeres embarazadas o con hijas e hijos a cargo. Según asegura Petit, esta recomendación la han tomado países diversos, “desde Irán a Argentina”.
El informe además hace una serie de recomendaciones al sistema de justicia penal. Sugiere que se “analice y tomen medidas para atender la situación de aquellas personas con pena de prisión y que son “de alta vulnerabilidad”, para que no lleguen a las cárceles.
Esta propuesta, se argumenta, se basa en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de la ONU de Prevención de la Tortura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, entre otros.