El gobierno paraguayo está conforme con los resultados que dieron hasta ahora sus medidas de aislamiento social para contener la expansión del coronavirus. Sin embargo, la oposición señala que en el país faltan insumos para protección personal y asistencia médica. En las últimas semanas impulsó propuestas para superar esas carencias y denunció irregularidades en la gestión de la crisis sanitaria que hace el gobierno.

Una de esas iniciativas, presentada en el Senado por el centroizquierdista Frente Guasú, pedía al Ejecutivo de Mario Abdo Benítez que se restablecieran las relaciones con China. El proyecto incluía un convenio con ese país para intercambiar insumos sanitarios chinos contra el coronavirus por materias primas agrícolas y alimento. Actualmente, los vínculos entre los dos estados están afectados por el reconocimiento diplomático de Paraguay a Taiwán, que China considera parte de su territorio.

Según informó la agencia de noticias Efe, el Frente Guasú señaló en su propuesta que “los empresarios paraguayos ya han expresado al Poder Ejecutivo la necesidad de establecer relaciones diplomáticas con China a fin de ingresar a este mercado, al cual hoy sólo pueden llegar nuestros alimentos de forma indirecta”.

El Senado rechazó la iniciativa en una sesión virtual en la que 16 senadores votaron a favor y 25 en contra. Quienes se opusieron, entre ellos la bancada del gobernante Partido Colorado, argumentaron que había que preservar la relación con Taiwán. Defendiendo su postura, la senadora colorada Lilian Samaniego afirmó que Paraguay recibe cada año “millones de dólares” de ayuda de Taiwán, y agregó: “Varios países ex aliados de Taiwán han caído en la trampa de las promesas chinas a cambio de romper relaciones con la isla y luego se han visto engañados”.

Por su parte, la senadora opositora Georgia Arrúa, del Partido Patria Querida, defendió la propuesta, según informó el diario Última Hora. “Creemos oportuno que tengamos este tipo de ayuda [de China] en un momento como el que estamos viviendo, con inmensas necesidades en la parte sanitaria”, dijo.

Desde que se detectó el primer caso de coronavirus en Paraguay, el 7 de marzo, se aplicaron fuertes restricciones de movimiento para evitar el avance de la epidemia, y los números se han mantenido muy por debajo de otros países. Se confirmaron 208 contagios y ocho muertes atribuidas a la covid-19. El gobierno considera que esta estrategia dio resultado, y comenzó a preparar ahora un plan gradual para salir de la cuarentena, según informó ayer el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Sin fijar fechas, Mazzoleni anunció que volverán a funcionar, en primer lugar, aquellos sectores de la actividad en los que hay menor riesgo de contagio, y se reintegrarán antes las personas que por su edad son menos vulnerables.

Sin embargo, la oposición señala que la falta de insumos para atender a los enfermos de covid-19 dificulta la salida del aislamiento social. También cuestiona cómo se gestionaron los subsidios a las personas más afectadas por la paralización de la economía. Para quienes viven por debajo de la línea de pobreza, 1,8 millones de personas, se dispusieron aportes mensuales por unos 80 dólares. Ese subsidio mensual se mantendrá por tres meses, aunque el beneficio recién llegó a las primeras 500.000 personas.

El líder del opositor Partido Liberal, Efraín Alegre, manifestó que ese aporte es muy bajo, y denunció que se entrega mediante billeteras electrónicas que sólo se pueden canjear en supermercados “amigos del gobierno”. El dirigente se preguntó: “¿Por qué tenemos que dar nuestro dinero a los mismos privilegiados de siempre?”. Además, criticó que en los supermercados donde es posible utilizar estas billeteras electrónicas se forman largas filas, y esto aumenta el riesgo de contagio.

Otras denuncias de la oposición condujeron a la dimisión del presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Edgar Melgarejo, después de que se iniciara una investigación en la Fiscalía y en la Secretaría Nacional Anticorrupción por sospechas de irregularidades en la compra de 4.000 mascarillas para el personal de esa institución. Si bien Melgarejo afirma que se adquirieron mediante “un proceso fidedigno donde se compró algo necesario a un precio justo”, la Secretaría Nacional Anticorrupción encontró indicios de que la Dinac pagó casi el doble del precio que tienen esas mascarillas en el mercado minorista. Además, observó que la representante legal de la empresa también representa a otra firma que contrata con la Dinac. Esto generó sospechas de que los mismos accionistas hayan creado otra sociedad para beneficiarse del negocio de las mascarillas.