Contra la corriente de las disposiciones que está implementando la mayoría de los gobiernos del mundo en su lucha contra la expansión del coronavirus, el de Nicaragua, que encabeza Daniel Ortega desde 2007, no ha tomado prácticamente ninguna medida con relación a la pandemia. El líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional apenas se refirió al nuevo virus en forma muy escueta durante una videoconferencia el 12 de marzo, en la que participaron los presidentes de los países centroamericanos y cuyo tema central fue el abordaje del brote de la enfermedad. Desde entonces, hace ya 25 días, Ortega no ha vuelto a hacer apariciones públicas y las comunicaciones más importantes del gobierno las hace su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La ausencia del mandatario genera todo tipo de especulaciones en el país. Esto motivó que hace algunos días la ex dirigente sandinista y ex ministra de Salud Dora María Téllez preguntara en su cuenta de Twitter: “¿Y Ortega? ¿Por qué no aparece para nada? Esconde la cara, su régimen es negligente e irresponsable, poniendo en peligro la vida de los nicaragüenses”.

El Ejecutivo considera “extremistas y alarmantes” las medidas de cuarentena o de restricción de ciertas actividades. De este modo, la vida en el país continúa con normalidad: no se cerraron los centros educativos ni las fronteras, ni se restringieron los vuelos que llegan desde el exterior. Más aún, la cuenta oficial del Instituto Nicaragüense de Turismo promociona actividades para Semana Santa, habitual pico de la temporada estival en el país centroamericano. Así, el portal El 19, oficialista a ultranza, dedicó en las últimas horas espacio a notas en las que mostraban a personas concurriendo a las playas de Pochomil y Masachapa, dos balnearios situados sobre la costa del Pacífico. En la misma tónica se mostró a personas refrescándose en las aguas de la laguna de Xiloá, situada frente a la capital, Managua.

Además, al contrario de lo que sucede en la enorme mayoría de los países, en Nicaragua también se mantienen las actividades deportivas profesionales: se sigue jugando al fútbol, aunque a puertas cerradas. Los únicos dos países, además de Nicaragua, en los que no se detuvo la liga local de fútbol son Bielorrusia –donde el presidente Alexander Lukashenko minimizó por completo la pandemia e instó a la población a tomar vodka y jugar al hockey sobre hielo para prevenirla– y Burundi, país ubicado en África central. Esta situación llevó a que algunos jugadores extranjeros que se desempeñaban en la liga nicaragüense, un torneo de segundo orden incluso dentro del bisoño fútbol centroamericano, rescindieran sus contratos en forma unilateral y regresaran a sus países de origen.

De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Salud de Nicaragua, sólo seis personas fueron diagnosticadas con covid-19 en el país, aunque se especificó que todas ellas contrajeron la enfermedad luego de viajar al exterior o de tener contacto directo con personas que lo hicieron, por lo que se descartó la existencia del virus a nivel comunitario. Sin embargo, en contraste con esta afirmación, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó el viernes que dos de los casos de covid-19 confirmados que se registraron en su territorio fueron de mujeres cubanas que estuvieron de visita recientemente en el país centroamericano.

De todas maneras, pese a la ausencia de políticas gubernamentales, muchas personas y organizaciones sociales han tomado precauciones para evitar la propagación de la pandemia, aunque lo hacen a riesgo de ser reprendidas por ello. Este fue el caso de Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, a quien este lunes el Ministerio de Salud le prohibió la creación de un proyecto de prevención médico ante la propagación de la covid-19, que comenzaría esta semana, según denunció en sus redes sociales. De acuerdo a lo que informó el portal nicaragüense El Confidencial, el clérigo pretendía llevar a cabo campañas informativas sobre el coronavirus, consultas médicas telefónicas y valoraciones en seis puestos médicos que serían inaugurados en los municipios de Matiguás, Sébaco, Esquipulas, Tuma y Matagalpa. Ante esto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sostuvo que “prohibir la instalación de este Centro de Prevención en Matagalpa es un atentado directo al derecho a la salud y a la vida, es un acto verdaderamente irracional y de desgobierno ante el cual deben actuar los organismos Internacionales y Estados solidarios”.