Este martes a partir de las 14:00 se llevará a cabo una instancia clave en la sede judicial de la calle Bartolomé Mitre. El pedido de extradición de la contadora Maya Cikurel, pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, llegó a la Justicia de Crimen Organizado a mediados de abril, pero la audiencia no se pudo llevar a cabo porque las actividades del Poder Judicial estaban suspendidas, debido a la emergencia sanitaria.

Cikurel está en prisión domiciliaria desde febrero -fue detenida por Interpol cuando estaba por cruzar desde Colonia a Buenos Aires con Da Silveira- y se encuentra a la espera de un pedido de extradición de la Fiscalía de Panamá, ya que es acusada de ser beneficiaria de una de las sociedades anónimas por las que la constructora Odebrecht pagó sobornos al ex presidente, Ricardo Martinelli.

La ficha de Interpol sobre Cikurel señalaba que la mujer era buscada para un proceso penal en Panamá, ya que se vinculó con empresas “cuya beneficiaria era ella”. “Dentro de estas sociedades se encuentra, además de Klienfield, Baxley Assets, Hadar Assets, Innovation Research Engineering and Development, Sherkson International SA, sociedad inscrita en Uruguay y de las cuales se hicieron transferencias por la empresa brasileña Odebrecht para realizar los pagos ilícitos”, consigna en el documento.

La contadora está acusada de un delito de blanqueo de capitales, que figura en el artículo 254 del Código Penal de Panamá y tiene una pena máxima de 12 años.

En el marco de los mecanismos de cooperación internacional, participará como representante del ministerio público el fiscal penal de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, Ricardo Lackner, que presentará este martes al mediodía sus argumentos sobre la extradición que solicitó la justicia panameña, que en las últimas semanas diligenció pruebas para defender su pedido.

De todas maneras, la palabra final la tendrá la jueza de Crimen Organizado, María Elena Maynard, que en la primera etapa de la causa, y durante la feria sanitaria, había sido subrogada por la jueza Beatriz Larrieu

El abogado de Cikurel es Gonzalo Fernández, que conoce de primera mano el tratado de extradición que firmaron Panamá y Uruguay en setiembre de 2008, ya que en aquel momento se desempeñaba como canciller de la República.