Las tres perillas y los tres interruptores del presidente

En estos casi 90 días transcurridos desde la asunción del nuevo gobierno, podemos resumir tres etapas o procesos que han marcado la agenda del gobierno y del país, y que demuestran señales que preocupan.

Más allá de las tres perillas que el presidente anunció que iba a controlar en el marco de las acciones contra la crisis del coronavirus (la sanitaria, la económica y la social), vemos también las tres actividades principales que marcaron hasta ahora la agenda del nuevo gobierno: la transición, la crisis de la covid-19, y la presentación de la ley de urgente consideración (LUC). Son tres líneas fundamentales que se repiten y marcan la tónica del rumbo deseado por este gobierno, a modo de tres interruptores encendidos desde antes de iniciar la campaña electoral. El interruptor ideológico, que marca y condiciona las acciones; el interruptor de los grupos de poder, que le han dado soporte a todo el sistema, y el de la comunicación permanente para la tribuna, que permite sostener e imponer el discurso, más allá de la realidad.

Pretendemos en una segunda parte analizar estos conceptos para el caso del nuevo ministerio que se crea, que ahora sería solo de Ambiente, según la última propuesta presentada por las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en la Comisión del Senado, junto con múltiples cambios que siguen consumiendo el tiempo y la calidad del análisis de esta LUC que arrasa con años de desarrollo institucional, normativo y de derechos.

La transición frustrada

Los primeros días de estreno quedaron marcados por una transición empobrecida y frustrada por falta de autoridades en varios cargos, que incluso hasta hoy se mantiene, aunque el actual presidente había comprometido los mejores nombres para cada función, trabajando desde el primer día luego de conocidos los resultados de las elecciones de noviembre.

A pesar de que, desde noviembre, el gobierno anterior ofreció trasladar su experiencia, resumida en informes de gestión completos y ordenados, y también de manera presencial, a través de los responsables de cada ministerio y cada organismo público, lo cierto es que en el mejor de los casos la transición se redujo a un par de reuniones presenciales, e incluso en muchos otros las nuevas autoridades ni siquiera se conocieron hasta su asunción, el 1° de marzo. En otros casos, el nuevo gobierno pidió que se mantuvieran las autoridades del gobierno anterior hasta que se definieran los nombres de las nuevas, como en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Aún hoy falta designar varios directores de empresas públicas y organismos descentralizados, que no pueden funcionar ni ejercer sus cometidos normalmente, y siguen adelante gracias al compromiso de los directores nombrados por el Frente Amplio en el período anterior, como en el Banco Hipotecario del Uruguay, la Corporación Nacional para el Desarrollo y las unidades reguladoras, entre varios. Una de las razones que generó esta situación fue sin duda la dificultad que tuvo el nuevo gobierno para encontrar candidatos en sus filas que estuvieran dispuestos a asumir tareas de responsabilidad importantes con sueldos bastante menores a los que pretenden recibir. Esta etapa también estuvo marcada por la negociación y el ofrecimiento mezquino de cargos de responsabilidad para el contralor al Frente Amplio en los directorios de las empresas públicas y organismos descentralizados, como si fueran monedas de un botín, desperdiciando una buena oportunidad de control y de apuesta a la transparencia, y contrariando a la tradición desarrollada en los últimos períodos.

La crisis de la covid-19

Sin duda el hecho más trascendente que marcará este período es la irrupción el 13 de marzo del coronavirus en el país, que convulsiona y monopoliza la agenda de cada día, en todos los aspectos de la vida de las personas en nuestro país y en el mundo.

La crisis, que se origina por una pandemia de carácter sanitario, repercute en aspectos sociales, productivos y económicos de forma inusitada, obligando a parar gran parte de las actividades, pero también altera las relaciones sociales con consecuencias en todos los órdenes de la vida y la convivencia, y acapara prácticamente la agenda y las preocupaciones de la población, y trascenderán sin duda esta coyuntura en aspectos culturales de la sociedad, en los ámbitos del trabajo, la producción, el ambiente y la convivencia.

La crisis demostró múltiples fortalezas del país desarrolladas por los gobiernos del Frente Amplio, que han permitido sobrellevar mejor la situación gracias a una institucionalidad del Estado fortalecida, con fuertes inversiones y modernización en todas sus políticas públicas. En particular, se destaca el Sistema Integrado de Salud, asociado a un nuevo sistema impositivo y de protección social, con la mayor formalidad de la historia y el mejor guarismo en América; políticas sociales modernas, infraestructuras de enseñanza y de conectividad fundamentales, instrumentos de financiamiento a las micro y pequeñas empresas, inclusión financiera universal, y una sólida disponibilidad de créditos para enfrentar los costos necesarios.

También demostró con crudeza las debilidades del sistema en que vivimos para afrontar la crisis sanitaria, en una sociedad todavía con múltiples inequidades respecto a la protección social, la vivienda y los ingresos, que nos obliga a repensar la profundidad de los avances logrados, y el modelo de consumo y de relacionamiento social instaurado.

La respuesta de una enorme red de organizaciones sociales y barriales de solidaridad fue fundamental para contener el primer nivel de necesidades detectadas, sortear el hambre de muchos y la falta de ingresos de los sectores más vulnerables, y así es como se está transitando esta crisis en las calles y los barrios.

Pero además se está transitando en los medios y en las instituciones, con una conducción y presencia de un gobierno de coalición apenas instalado, con múltiples incertidumbres propias del desconocimiento del fenómeno a nivel mundial, y también propias de la nueva situación a nivel nacional.

Asombra de este proceso la atención permanente y funcional de los principales medios de comunicación a la agenda del gobierno, y del presidente en particular, que si bien sostuvo que tiene tres perillas para actuar, reconoció que la perilla de los impuestos para los grandes capitales y los ingresos altos no se tocan, lo que con el actual sistema impositivo y todos los apoyos políticos necesarios hubiera sido muy fácil, justo y deseable.

En esta lógica la población quedó rehén de un discurso de autorreclusión, que la clase media y alta puede asumir, pero dejando a los sectores más vulnerables desprotegidos, con problemas de hacinamiento y sin ingresos, recurriendo a la solidaridad, y a un escaso incremento del apoyo estatal a través de los mecanismos existentes que podrían claramente potenciarse si se los reconociera como tales.

La ausencia de pautas claras acarrea problemas; cada uno tiene su propia idea y posibilidades de cómo cuidarse y mira al resto con recelo: si usa tapabocas, si sale a la calle o si estornuda. La señal que se transmite es la vigilancia por helicópteros, pero, sin directivas claras, esa vigilancia nos hace a todos culpables.

En este tema también el gobierno, con total soberbia, desprecia los ofrecimientos de diálogo y salida consensuada de la crisis realizados por la central sindical y el Frente Amplio, desaprovechando una oportunidad de acuerdo nacional que facilite el diseño y la implementación de las medidas.

La ley de urgente consideración

En medio de esta enorme crisis sanitaria el gobierno decidió presentar su anunciada ley de urgente consideración, expresamente ocultada hasta pasadas las elecciones para no comprometer su discusión. Recién una vez pasadas las elecciones nos enteramos de su contenido y, con él, de lo que realmente pretende la coalición de gobierno: además de sacar al Frente Amplio del gobierno y recuperar sus privilegios, esta LUC implica desmantelar 15 años de avances normativos, largamente debatidos a nivel social y parlamentario, que significaron el reconocimiento de derechos, el desarrollo institucional a partir de lo existente, y el desarrollo de múltiples regulaciones y reglamentaciones que hacen a la sociedad más justa, con reglas más claras, más transparentes, y con un ingreso per cápita de más del doble del de 2005 y mejor distribuido.

Aún más, este proyecto de ley implica el desmantelamiento de políticas del Estado de bienestar desde épocas batllistas y de pronunciamientos claros de la ciudadanía a través de plebiscitos.

Es cierto que el anteproyecto de ley se conoció hace un tiempo, pero fue un borrador que ni siquiera era de conocimiento de muchos de los ministros de la propia coalición. Al respecto se publicaron infinidad de análisis y cuestionamientos, y sin embargo el proyecto presentado al parlamento es prácticamente el mismo, con algunas ajustes de los aspectos más evidentes como el nombre del nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ahora será solo de Ambiente, y en su primera versión era de Medio Ambiente y Aguas. Pero también se presentan nuevos agregados tanto o más preocupantes en temas que le habían quedado en el tintero, como la portación de armas por militares, o temas que simplemente respondieron a grupos de interés que aprovecharon la oportunidad para recibir su tajada, como la exigencia del consentimiento de los propietarios para el ingreso a las áreas protegidas por parte del Estado.

Presentar esta ley de más de 500 artículos como urgente destruye la lógica institucional y constitucional de la democracia, salteando el debate, y pasándole por arriba a la construcción progresiva y adaptativa a la realidad cambiante, y, peor aún, tratando de volver la normativa al pasado sin el más mínimo análisis crítico fundamental.

El proyecto de ley pretende desarmar avances fundamentales como la inclusión financiera o reinventar las normas e instituciones consolidadas, volviendo la normativa a un pasado inexistente, recuperando textualmente decenas de artículos que habían sido modificados a través de años de discusión parlamentaria como en el caso de la regulación de los servicios públicos, e incluso recuperando artículos enteros que habían sido anulados por plebiscito como la desmonopolización de los combustibles.

El gobierno demuestra con esta actitud que la transición no se trató sólo de un cambio de autoridades, que, por cierto, varias están bien lejos de ser las mejores para cada cargo, sino de negar los avances realizados en los últimos quince años a pesar de que aprovecha sus resultados.

Los tres interruptores

En estas tres etapas, y principalmente en la presentación de la LUC, se demuestra que el presidente, con el apoyo de buena parte de la coalición, además de considerar sus tres perillas para regular las medidas de la covid-19, tiene tres interruptores siempre prendidos con los que vino a gobernar: el interruptor ideológico, el de los privilegios y el mediático.

El interruptor ideológico es con el que piensa sus acciones, es el que marca la línea de un Estado prescindente que espera que el mercado resuelva todo. Es el del país neoliberal de los 90 al que se quiere retornar, el que cuestiona a las empresas públicas sin entender lo que representan, el que combate a los movimientos sociales, el que plantea la caridad en lugar de la solidaridad, el que combate hasta la formalización de la sociedad en aras de una supuesta libertad, sólo para algunos.

El interruptor de los privilegios es el que incide en las sombras y está anclado al sistema, el que recoge los frutos de los años de prédica tendenciosa, el que prioriza la propiedad privada y el interés particular sobre el interés general, el de los grupos de poder que han financiado las campañas y buscan restablecer sus privilegios.

El interruptor mediático, que construye y amplifica un discurso totalmente funcional al gobierno, que no cuestiona, que ni siquiera analiza las acciones, que no informa, sino que deforma la opinión con un sesgo oficialista indiscutible; el que encabeza la mayoría de los grandes medios escritos, de televisión y de radio, y sus sucursales en el interior del país, construyendo la idea de posverdad que luego difunden en redes con el agregado de ira y de mentiras que muchos son capaces de reproducir. Este interruptor funciona con anuncios permanentes para la tribuna, que son solo humo, para luego actuar de manera contraria, o que simplemente no se aplican o su incidencia es ínfima. Es el de los anuncios en cadena de televisión, el del helicóptero con mensajes confusos, el de los titulares tendenciosos, etcétera.

En la próxima entrega analizaremos estos conceptos en los temas ambientales, que una vez más muestran nuevos cambios, y que demuestran la improvisación y la falta de responsabilidad para abordar temas estructurales y relevantes que no pueden resolverse seriamente en una LUC junto con 500 artículos para refundar el país en 90 días.

Daniel Greif es ingeniero y fue director de URSEA y DINAGUA. Martina Casás es bióloga y diputada suplente del Frente Amplio. Ambos son coordinadores del nodo asesor en Medio Ambiente de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.