Las Fuerzas Armadas de Bolivia ocuparon un lugar fundamental en la crisis política del año pasado al retirarle su respaldo a Evo Morales, lo que derivó en su salida de la presidencia. También ocuparon un espacio importante cuando Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta, un momento en el que se sucedían las renuncias de las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo: los altos mandos militares la visitaron enseguida para ponerse a sus órdenes.

Tres días después Áñez devolvió el gesto aprobando un decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales por sus acciones para reprimir las protestas, que en ese entonces eran de los seguidores de Morales. Días después nueve cocaleros murieron mientras se manifestaban, según el Ejército, como resultado de un “enfrentamiento” en el que ningún militar fue herido. Áñez derogó el decreto 15 días después de haberlo firmado, tras recibir críticas dentro y fuera de su país.

Y ahora las Fuerzas Armadas vuelven a ser protagonistas en la vida política de Bolivia. La semana pasada el comandante en jefe ingresó a la Asamblea Legislativa acompañado por varios coroneles, todos uniformados, para exigir a los senadores que aprueben en un plazo máximo de una semana los ascensos que enviaron.

La lista de ascensos fue enviada por las Fuerzas Armadas a Áñez, quien la reenvió sin modificaciones a la Cámara de Senadores. Nunca fue sometida a tratamiento, algo que su presidenta, Eva Copa, del Movimiento Al Socialismo (MAS), de Morales, argumentó señalando que son prioritarias las normas vinculadas a la lucha contra el coronavirus. La Constitución de Bolivia establece que el Senado debe ratificar los ascensos enviados por el Ejecutivo, pero no establece un plazo para ello ni indica cuáles son los pasos a seguir si eso no sucede. Tampoco lo hace la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

La semana pasada los militares recibieron algún indicador de que los ascensos serían tratados, ya que los altos mandos convocaron a un acto para el jueves, al que asistirían la presidenta Áñez y el ministro de Defensa, y en el que se espera que se escenifiquen los ascensos. Sin embargo, el acto fue suspendido horas antes y el comandante en jefe, el general Sergio Orellana, se dirigió a la Asamblea Legislativa junto con los coroneles para entregar una carta y dar una conferencia ante los medios de comunicación allí presentes: las Fuerzas Armadas exigen que el Senado ratifique los ascensos en una semana (que se cumple el jueves) y si la respuesta es positiva, la aprobación será dada por él mismo. Especialistas en el tema manejaron dos posibilidades: o un decreto del Ejecutivo que apruebe los ascensos de forma provisoria, hasta que el Senado se pronuncie, o una designación interna de las Fuerzas Armadas.

Copa aseguró que la cámara que preside no hará lugar a presiones de este tipo y advirtió que cualquier intento de realizar los ascensos sin contar con la ratificación del Senado implicaría un “golpe” contra el Poder Legislativo. En términos similares se pronunció Morales, quien señaló que cualquier otra modalidad de ascenso sería “un gravísimo atropello contra la institucionalidad, las leyes y la Constitución”.

Mientras el MAS denunciaba y las Fuerzas Armadas reclamaban, el Ejecutivo se mantuvo en silencio, hasta este fin de semana, cuando el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que eran los senadores quienes estaban incumpliendo la Constitución y cometiendo un “grave delito” al no tratar los ascensos. “Solamente tienen que aprobarlos. No tienen que revisar nada, únicamente aprobar”, dijo. “[Si no lo hacen], son factibles a un juicio por incumplimiento de deberes y tiene cárcel. Cuidado con que mañana estén en la cárcel y digan que es persecución política”, agregó.

.