El sábado encontraron muerto a Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. El hombre estaba desaparecido desde el jueves y fue hallado en El Calafate con señales de que fue asesinado. En sus últimas horas, según los datos disponibles hasta el momento, Gutiérrez estuvo en una casa con tres jóvenes y se supone que tuvo relaciones sexuales con al menos uno de ellos.

El juez del caso, Carlos Narvarte, consideró que “este es un delito ordinario, común”. “No tengo ningún elemento que me indique que pudo haber sido una cuestión política”, dijo al canal Todo Noticias. Pero Gutiérrez es uno de los arrepentidos en la “causa de los cuadernos”, sobre presuntos sobornos pagados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Aferrándose a ese aspecto, la coalición opositora Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que pide que el caso no sea tratado por la Justicia de Santa Cruz, en donde, asegura, “el juez, la fiscal y las fuerzas policiales responden al poder político enquistado”, en referencia al kirchnerismo. En cambio, piden que pase a la órbita de la Justicia Federal, “por la posible conexión de su muerte con delitos federales” –por las causas de corrupción que involucran a los Kirchner–, y que “no haya familiares de la vicepresidenta en el proceso”, ya que una fiscal de la Justicia Federal es sobrina de la ex mandataria. “La justicia provincial ya está tratando de instalar, sin prueba alguna, hipótesis sobre el motivo del asesinato”, lamenta el comunicado, dando a entender que hay una motivación política para bajarle el tono a lo sucedido.

Estas especulaciones ni nacieron ni se limitan a la oposición: se multiplicaron en las redes sociales y llegaron a los medios de comunicación, en donde varios periodistas se preguntaban si había motivaciones políticas detrás del crimen.

El presidente, Alberto Fernández, consideró “incomprensible” que la oposición “intente vincular al gobierno en algo tan trágico como es el asesinato de una persona”. “Tan miserable que es difícil de entender”, agregó en declaraciones a la radio FM Milenium. El comunicado de la coalición opositora es “un llamado a sembrar las dudas, a abrir la grieta y sembrar discordia”, opinó el presidente.

Fue la presidenta de Propuesta Republicana y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien salió a responder, señalando que desde el hoy oficialismo se acusó al gobierno anterior de estar involucrado en la desaparición de Santiago Maldonado.

Periodistas comunican

No es la única acusación que recibió el gobierno este fin de semana. El domingo más de 300 periodistas firmaron un texto en el que exigen a gobernantes, legisladores y funcionarios públicos respeto a la libertad de prensa, de expresión y de investigación, así como que ayuden a “construir un clima público que permita el ejercicio de esos derechos”. La declaración llega ante “las campañas de difamación pública y presiones contra periodistas profesionales desatadas en las últimas semanas desde algunos sectores del poder político, incluyendo a quienes tienen funciones de la más alta responsabilidad institucional”. Entre los firmantes se encuentran varios de los periodistas más reconocidos de Argentina, asociados a medios tradicionales como el diario Clarín y el canal Todo Noticias. Entre ellos se destacan Joaquín Morales Solá, María Laura Santillán, Alfredo y Diego Leuco, Luis Majul y Jorge Lanata.

En el texto no se especifica a qué se refieren, pero todo parece estar vinculado a la causa iniciada por espionaje que se realizó desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. En documentos que se filtraron a los medios de comunicación se hace referencia al vínculo entre los agentes de inteligencia, o espías, y los periodistas, y en uno de ellos se habla directamente de que determinado material, perjudicial para Cristina Fernández, debía estar pronto para la hora a la que sale su programa en vivo. También es posible interpretar las comunicaciones entre ambas partes como una demostración de que el periodista espiaba para la AFI.

Si bien nada de esto ha sido dicho por la Justicia, la semana pasada empezó a circular en los propios medios de comunicación la versión de que Majul sería imputado en la causa, lo que generó las acusaciones de que se trataría de una persecución de parte del gobierno y no de una decisión meramente judicial.

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