Mediante un comunicado, los abogados defensores del ex presidente boliviano Evo Morales, los juristas argentinos Eugenio Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra, expresaron su rechazo a la imputación hecha pública el lunes por la Justicia boliviana, en la que se pide la detención del ex mandatario, a quien se acusa de “terrorismo”.
De acuerdo a los abogados, la acusación contra Morales es la enésima prueba “del estado policial de Bolivia”. “Las pruebas no existen, la acusación fiscal es un disparate, igual que el pedido de detención. No hay cargo penal alguno que deba incriminar al ex presidente, nuestro defendido”, indicaron en el texto Ferreyra y Zaffaroni, según consignó el diario La Nación. Paralelamente, los abogados destacaron que “Morales lucha por la recuperación del Estado constitucional y la democracia”, y afirmaron: “El peso de nuestras razones despeja los señalamientos despreciables, como son la imputación y el pedido de detención”.
De acuerdo a lo que informó el diario paceño La Razón, la Fiscalía boliviana emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el ex presidente, quien se encuentra asilado desde diciembre en la ciudad de Buenos Aires, en la que pide su detención preventiva.
El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) es investigado en Bolivia en el marco del denominado “Caso Audio”, relacionado con una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye a Morales insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que se generó en el país andino en noviembre del año pasado, luego de las elecciones ganadas por el MAS, pero luego declaradas nulas.
“De acuerdo con las investigaciones, se evidenció que el ex jefe de Estado y el coimputado Faustino Yucra mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México”, primera escala del exilio de Morales, “hasta El Torno”, en Bolivia, según un comunicado de la Fiscalía.
“Aparentemente, en esa conversación”, se agregó desde la Fiscalía, “Morales habría instruido al dirigente cocalero a cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019”, cuando el entonces mandatario anunció su renuncia denunciando que era forzado por un golpe de Estado.
Morales, al igual que sus abogados, rechazó de plano la acusación, y en su cuenta de Twitter expresó que “el gobierno de facto y fiscales de La Paz no tienen imputados por masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal ni por actos de nepotismo y corrupción en YPFB, Entel, ministerios de Gobierno y de Defensa, pero me procesan con audio falso porque su objetivo final es proscribir al MAS-IPSP”.