El ministro de Defensa de Brasil, el general Fernando Azevedo, anunció que presentará un recurso en la Fiscalía General de la República contra Gilmar Mendes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), por las declaraciones del jurista, quien el sábado, durante una conferencia, afirmó, en relación con el manejo del Ministerio de Salud en la lucha contra la pandemia de coronavirus, que “el Ejército se está asociando a este genocidio, y eso no puede ser”. La referencia a los militares tiene que ver con que el actual ministro de Salud es el general Eduardo Pazuello –quien no tiene formación en medicina–, lo que se suma a que numerosos militares ocupan cargos de relevancia en la cartera.

Además, este lunes el Ejército emitió un comunicado en el que criticaba los dichos de Mendes. El documento fue firmado por los comandantes de las tres fuerzas –Edson Pujol (Ejército), Ilques Barbosa (Armada) y Antonio Carlos Moretti (Fuerza Aérea)– y por el ministro Azevedo. “Comentarios de esta naturaleza, completamente alejados de los hechos, causan indignación. Se trata de una acusación grave, además de infundada e irresponsable. El ataque gratuito a instituciones del Estado no fortalece la democracia”, se dice en el texto hecho público por los militares.

El sábado Mendes participó en un debate virtual organizado por la revista IstoÉ y por el Instituto Brasileño de Derecho Público, para hablar acerca de la pandemia. Durante su intervención, el magistrado criticó la presencia de militares en lugares clave del Ministerio de Salud en medio de la crisis sanitaria, en lugar de que esos puestos sean ocupados por personas con formación técnica en medicina. Mendes dijo que este “vacío” de poder en el ministerio es “inaceptable”, refiriéndose a Pazuello, quien fue nombrado en forma interina luego de la renuncia de su predecesor, Nelson Teich, pero sigue en el cargo desde hace casi dos meses. Al respecto, Mendes expresó: “No podemos tolerar más la situación que se está dando en el Ministerio de Salud. Es inaceptable que exista ese vacío de poder. Se puede decir que la estrategia es sacarle protagonismo al gobierno federal y atribuir la responsabilidad del control de la pandemia a los estados y municipios. Si fuera esa la intención, es necesario hacer algo. Esto es muy malo para la imagen de las Fuerzas Armadas. Es necesario decirlo claramente: el Ejército se está asociando a este genocidio, y eso es inaceptable. Es necesario poner fin a esta situación”, afirmó el ministro.

Los dichos del jurista causaron irritación en filas militares, principalmente en el Ejército. Si bien el general Pazuello está en el cargo de manera interina, la militarización de los principales cargos del ministerio ya es una realidad. El diario Folha de São Paulo informó que ya son 28 los militares que ocupan puestos importantes en la cartera en este momento, cuando Brasil es el segundo país del mundo más afectado por el coronavirus, únicamente superado en infecciones y muertes por Estados Unidos.

La gestión de Pazuello es blanco de numerosas críticas. Una de las más recurrentes es por el protagonismo que se le ha dado a la cloroquina para tratar a las personas con covid-19, cuando no hay estudios concluyentes acerca de la efectividad del fármaco. Por otra parte, la conducción del ministerio cambió los criterios de divulgación de los datos, algo que fue interpretado como un intento del gobierno de maquillar los números reales de la pandemia en el país.

Pero las críticas realizadas por el ministro Mendes son moneda corriente en el STF, el órgano máximo de la Justicia brasileña. Como por mayoría se decidió que los alcaldes y gobernadores estaduales tengan autonomía para manejar la situación de la pandemia según la realidad local de cada lugar, el presidente Jair Bolsonaro utilizó esto para alegar que el problema del combate al coronavirus no está totalmente bajo su órbita. Estas declaraciones del mandatario no hicieron otra cosa que fogonear la tensión entre los poderes del Estado, una situación que acompaña a este gobierno prácticamente desde el momento de asumir, ya que está en permanente conflicto con el Poder Judicial y con el Congreso.

Si bien personas cercanas a Mendes que tienen línea directa con altos cargos militares intentan mediar en la situación, por el momento no han tenido éxito. Por otra parte, el texto del Ministerio de Defensa no deja claro qué delito se intentará imputar a Mendes, aunque se sugiere que podría ser el de difamación, al destacar que el genocidio está tipificado en el Código Penal.