Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El manejo de los tiempos es fundamental en política, y el valor de una iniciativa depende mucho de su oportunidad. En marzo, cuando hacía poco que se había declarado la emergencia sanitaria, los diputados nacionalistas Mario Colman y Javier Radiccioni redactaron un breve proyecto de ley que permitía sancionar con prisión a quienes violaran las normas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo, incluso si esto no causaba daños verificables, tipificando lo que se suele llamar un “delito de peligro”, en este caso contra la salud. En aquel momento había una alta sensibilización popular en la materia y muchas incertidumbres, pero el proceso parlamentario de la iniciativa ha llevado meses, y esta hoy ya parece un poco anacrónica.
Las conclusiones de la Institución Nacional de Derechos Humanos acerca del “uso ilegítimo de la fuerza letal” en operativos policiales realizados en Malvín Norte, del 11 al 13 de abril, también podrían parecer, a primera vista, tardías. Sin embargo, hay que tener en cuenta la importancia de que se haya realizado una investigación cuidadosa, en la que no correspondía precipitarse, y también que, en el marco de las nuevas orientaciones del Ministerio del Interior y de la aprobación de la ley de urgente consideración, no se trata sólo de considerar lo que pasó, sino también de prevenir lo que puede pasar.
El Poder Ejecutivo realizó ayer sus primeros anuncios sobre el proyecto de presupuesto que enviará al Parlamento, pero es muy pronto para comentarlos. Se habló de algunas intenciones generales, como las de estimular la inversión para reactivar la economía, o dar prioridad a políticas de vivienda y a “mejorar la calidad de la educación”, pero todavía no se habla de partidas y porcentajes. En particular, además, se insiste en qué habrá “ahorros” (el presidente Luis Lacalle Pou no quiso llamarlos “recortes”), pero todavía no se sabe en qué áreas ni de qué magnitud, probablemente porque no han terminado los tironeos internos al respecto.
La decisión de permitir la reapertura de las salas teatrales demoró mucho, por motivos nunca bien explicados, y llegó acompañada por un protocolo que no parece obra de alguien familiarizado con esa actividad artística. Ojalá que no sea demasiado tarde para nadie.
Podría decirse que lo que quiere “reinstalar” esta iniciativa no es sólo el bloqueo a la Justicia, sino también el menosprecio del derecho internacional, y un tipo de argumentación propia de la salida de la dictadura, acerca de la presunta “pacificación definitiva” que vendría si el país miraba “hacia adelante” y optaba por la impunidad y el silencio.
De todos modos, es obviamente un mero gesto simbólico. Sería inaplicable una ley con deficiencias técnicas como la de disponer, al barrer, que se deroguen “todas las normas que directa o indirectamente desconozcan” los “principios de irretroactividad” de las normas penales, sin indicar a cuáles se refiere. La movida, como decía Antonio Machado, “no es de ayer ni es de mañana / sino de nunca”.
Hasta mañana.