Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La evolución de la emergencia sanitaria es ante todo un problema de vidas en riesgo, pero plantea también consecuencias y dilemas políticos.

Es temprano para evaluar si se ha cumplido en alguna medida la exhortación a “blindar abril” que planteó Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). Los indicadores disponibles de la propagación y los efectos de la enfermedad corresponden, todavía, a contagios producidos durante marzo, pero muestran tendencias muy preocupantes y el propio Radi opinó, el 5 de este mes, que la reducción de la movilidad en los días previos no iba a ser suficiente para que se registrara una baja significativa.

En aquella ocasión el científico afirmó que minimizar los contactos presenciales en abril dependería de “el componente personal y lo que el Estado pueda instaurar”, pero nada nuevo instauró luego el Estado.

Sabemos que el presidente Luis Lacalle Pou no quiere disponer las restricciones adicionales de la movilidad que recomiendan o reclaman los integrantes del GACH y otros especialistas, así como numerosas instituciones académicas y del sistema sanitario. Pero una parte de los motivos de esa negativa no se ha formulado con claridad.

Menos circulación implica perjuicios económicos que muchas empresas y personas no están en condiciones de absorber, entre otras cosas porque vienen muy castigadas desde hace más de un año. Por lo tanto, adoptar las medidas que se demandan requiere un aumento de los desembolsos estatales, para amortiguar esos perjuicios. Y el problema no es que el Estado carezca de recursos.

Aun si el Poder Ejecutivo persistiera en su decisión de no aumentar la carga tributaria sobre las franjas altas de ingresos y riqueza, limitándose a recaudar en el sector público (ver la evaluación crítica del impuesto covid-19), Uruguay tiene créditos y activos disponibles para afrontar un incremento del gasto. La cuestión es que a Lacalle Pou y su equipo económico les preocupa sobremanera la posibilidad de que eso afecte el grado inversor del país.

Es claro que mantener una buena calificación de riesgo tiene mucha importancia. No es malo que esa preocupación esté presente cuando las autoridades nacionales deciden qué hacer; lo malo es que no lo planteen con franqueza. Obviamente, se trata de un tema mucho más difícil de presentar ante la opinión pública que el de la presunta defensa de la libertad, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. No es necesariamente mejor, ni siquiera en términos de rédito político para el oficialismo, la percepción de que el presidente actúa como lo hace por soberbia, insensibilidad o incompetencia.

Además, Lacalle Pou no tiene motivos para suponer que, si las papas queman, cerrarán filas tras él todos los integrantes de la coalición de gobierno, a quienes ni siquiera les ha permitido compartir la responsabilidad de las decisiones que adopta. Para muestra basta con ver actitudes como las de Cabildo Abierto ante la licitación de aeropuertos, con afirmaciones rotundas sobre “joda” y “entrega de soberanía”.

Hasta mañana.