En línea con lo anunciado el 1º de marzo ante la Asamblea General por el presidente Luis Lacalle Pou, el gobierno se apresta a lanzar próximamente seis licitaciones en busca de privados que asuman la gestión de los aeropuertos de Carmelo, Durazno, Melo, Paysandú, Rivera y Salto. Esto deriva de una ley aprobada el año pasado, con votos en contra de Cabildo Abierto (CA), que tomó como base un proyecto de ley que envió el expresidente Tabaré Vázquez el último día de su mandato.

La visión de CA, ratificada por actores del sector aeronáutico, es que por la escasa actividad de estas terminales el único que mostrará interés es el grupo Corporación América, que ya tiene la concesión de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce (Maldonado), los de mayor movimiento. Este conglomerado, propiedad del empresario argentino Eduardo Eurnekian, opera también 35 aeropuertos en el vecino país y dos en Brasil –Brasilia y Natal–, además de tener terminales aéreas en Perú, Ecuador, Armenia e Italia.

“Le entregaremos la soberanía de nuestros aeropuertos internacionales por hasta 50 años a una empresa que es dueña de varios más en la región, y que puede hacer una manipulación de costos para beneficiar más a otros aeropuertos que a los locales”, dijo a la diaria el diputado de CA Sebastián Cal, que es piloto aviador.

La ley aprobada en diciembre creó la Red Nacional de Aeropuertos Internacionales y, además de habilitar la licitación por hasta 50 años de las terminales que hoy gestiona la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) del Ministerio de Defensa, permite extender hasta ese plazo las dos concesiones ya vigentes. 

Puerta del Sur, filial local de Corporación América, ganó la licitación del aeropuerto de Carrasco en 2003 por 20 años, y como parte del contrato inicial solicitó una extensión por diez años más en 2014, que fue otorgada. A su vez, la terminal de Laguna del Sauce se adjudicó en 2008 y dos años atrás se extendió la concesión hasta 2033. 

“Dentro de la Red Nacional de Aeropuertos, los únicos dos rentables son Carrasco y Laguna del Sauce. ¿Quién va a ser tan tonto de presentarse a una licitación si las dos terminales rentables ya están concesionadas?”, señaló Cal. “Acá hay joda. El Frente Amplio [FA] antes de irse del gobierno hace este favor con un proyecto privatizador, y para nuestra sorpresa el Partido Nacional [PN] lo apoya, desconociendo las consecuencias”, agregó.

En una primera instancia, el proyecto de ley salió por unanimidad del Senado, es decir con los votos de CA. Según Cal, cuando se trabajó el asunto en Diputados, observó “lo nefasto que era esta entrega absoluta por parte del Estado a una empresa privada” y cambió la posición de su colectividad política. El senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, dijo en la sala al votarse el proyecto que Corporación América tiene “una posición de privilegio” y “va a ser favorecida” con las nuevas concesiones, según consignó El País.

Ante la consulta de la diaria, el diputado del FA Martín Tierno, que trabajó el proyecto en la Comisión de Transporte, manifestó que se evaluó que la creación de la Red Nacional de Aeropuertos “da la posibilidad de mejorar la infraestructura y los servicios que brindan hoy” las terminales del interior.

Destacó que durante el análisis parlamentario “a solicitud del FA” se estableció el plazo de hasta 50 años, cuando en el proyecto original se ponía ese límite como ya determinado. Es decir que el Poder Ejecutivo, cuando reglamente la ley y lance las licitaciones, definirá si otorga los aeropuertos por 50 años o un plazo menor.

En opinión de Tierno, la licitación “no está direccionada” para Corporación América y “nada indica que no puedan presentarse otros grupos” empresariales, aunque admitió que al tener ya dos concesiones “indudablemente le resulta más fácil”. Añadió que si bien las terminales del interior hoy pueden no ser rentables, “si la infraestructura mejora” esto puede cambiar.

Desde el Ministerio de Defensa y la Dirección de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) explicaron que el tema de la licitación no está dentro de su órbita. Otra fuente comentó que de esto se está encargando Presidencia. 

En diálogo con la diaria, el director de Transporte Aéreo del MTOP, Daniel Olmedo, ratificó las declaraciones que realizó en febrero al portal BN Américas respecto de la futura licitación de aeropuertos: “No hay muchos inversores dispuestos a invertir en el sector por el impacto de la pandemia en la industria aerocomercial y porque se trata de aeropuertos de poco tráfico”. También señaló que se iba a “conversar con Corporación América para ver si están interesados en la operación de estas terminales” en el interior del país.

Semanas atrás la diaria informó, con base en fuentes del sector aeronáutico, que habría interés del grupo extranjero que lidera Eurnekian en presentarse a la futura licitación, en virtud de su experiencia en el mercado local.

Esto surgió a raíz de una presentación de la Cámara Uruguaya de Couriers –empresas que se dedican al traslado internacional de mercadería y despachan las compras web–, que acudió al Parlamento para “exponer los problemas y los incumplimientos” por parte de la firma concesionaria del aeropuerto de Carrasco. Ya lo habían hecho previamente en 2020, como forma de oponerse a la extensión del contrato que permite la ley ya aprobada, indicó la delegación gremial. 

El rol de la Dinacia y la situación de las terminales

Cal explicó que actualmente hay 11 aeropuertos internacionales, y, con excepción de los dos concesionados, a los restantes los administra la Dinacia, con un presupuesto anual de dos millones de dólares. Sin embargo, la recaudación que logra el Estado por el uso de las terminales es mayor, y se vuelca a Rentas Generales. “Eso empezó a generar un camino en el que se hace cada vez más difícil para la Dinacia” mantener la infraestructura en un nivel adecuado, “en una jugada del sistema político para llevar a todos los aeropuertos a una condición en la que necesariamente deban ser privatizados”, sostuvo el diputado de CA. 

El presidente de la Cámara Uruguaya de la Industria Aeronáutica, el coronel retirado Diego Ravera, dijo en diálogo con la diaria que las terminales de Carmelo, Salto y Rivera podrían concitar interés de algún inversor privado, pero no las restantes. El aeropuerto de la localidad de Colonia es utilizado por empresarios argentinos que vuelan a Uruguay, y los otros dos tienen “potencial comercial por estar cerca de la frontera” con los países vecinos.

Explicó que en general, las terminales del interior son utilizadas por escuelas de vuelo y aeroclubes que se dedican a la aeronáutica recreativa. Según Ravera, “el gobierno procura levantar los aeropuertos haciendo algo parecido a lo que se hizo en el puerto” con la firma belga Katoen Natie, que tomó en 2001 la concesión de una terminal especializada para contenedores y recientemente negoció una extensión del contrato hasta 2081 a cambio de inversiones.

Sin embargo, el diputado de CA señaló que, más allá de la entrega de la gestión de las terminales del interior, el Estado deberá continuar pagando parte del personal de servicio. “Lo más costoso en un aeropuerto, que es el personal, se va a tener que seguir pagando a pesar de la tercerización, porque [es responsabilidad del Estado] el control del tráfico aéreo, los bomberos, el personal de Migración y de Aduanas, los jefes del aeropuerto, que son de la Fuerza Aérea, o la seguridad de la Policía Aérea Nacional”, detalló.

La extensión de la concesión en Carrasco y Laguna del Sauce

Para Cal “la joya de la corona” es la extensión hasta 50 años de la concesión de los dos aeropuertos de mayor actividad. “Todo esto es para conseguir más años y lo demás no importa. En el Parlamento propuse cambiar los años y darle participación al Poder Legislativo en la decisión sobre una mayor concesión, y me saltaron del FA y el PN; me dijeron: ‘Tenemos las mayorías para votar el proyecto’”.

El teniente coronel aviador Gualdemar Gutiérrez, asesor de la Cámara Uruguaya de la Industria Aeronáutica y exdirector del aeropuerto de Carrasco, dijo a la diaria que “la única razón por la cual salió la ley fue extender a 50 años la concesión” de las dos principales terminales aéreas del país. “Es muy difícil, como está planteado esto, que venga alguien diferente, que esto sea negocio para alguien que no sea Puerta del Sur. ¿Quién va a venir a hacer un proyecto de negocios con aeropuertos donde llega un avión por semana?”, sostuvo.

En opinión de Gutiérrez, si la idea era crear un sistema de aeropuertos se debería haber contemplado conceder, por ejemplo, “dos paquetes” de terminales aéreas, para captar el interés de privados, incluyendo una rentable junto a otra de menor actividad. “Cualquier empresario que venga e invierta busca un rédito, y eso se logra con movimiento de aeronaves, que son las que pagan por el aterrizaje y los servicios que brinda el aeropuerto, sumado a los que se embarcan”, complementó.

Un sistema así aplicó Argentina, apuntó Ravera, donde “se licitaron 25 aeropuertos, lo ganó Aeropuertos 2000 [firma de Eurnekian y parte del grupo Corporación América], pero el interés era por cinco terminales que son las rentables; el resto las mantiene, aunque den poco dinero”.

El presidente de la gremial informó que el sector propuso al Ministerio de Defensa una serie de proyectos para reflotar la industria aeronáutica, como crear “una universidad del aire de carácter privado” en el viejo aeropuerto de Carrasco. “Sin buscar culpables, a la aviación en Uruguay la han matado, y si no se hacen las cosas correctamente hay riesgo de volver a destruirla. Las concesiones deben hacerse muy bien pensadas y darle las terminales a quien prometa y cumpla con el desarrollo de esos aeropuertos”, concluyó.