Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Parece necesario reconsiderar los datos actuales de la pandemia de covid-19 y las opciones para hacerle frente.

El Poder Ejecutivo informó el lunes sobre su estrategia actual. Persistirá en la vacunación, la recomendación de precauciones básicas, la realización de cuantos testeos sean posibles (con un costo que el presidente Luis Lacalle Pou estimó en un millón de dólares diarios), el aislamiento transitorio de las personas con diagnóstico positivo, y el registro y comunicación, a diario, de las cantidades de casos nuevos y del total de activos, que desde fines de diciembre se han disparado.

Lacalle Pou no ve necesario establecer nuevas restricciones, e ironizó sobre una probable demanda en ese sentido de “los creadores de la cuarentena obligatoria”. Ayer insistió en esa línea y dijo: “Se piden medidas, pero ¿qué medidas quieren?”.

El presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, señaló que esa fuerza política no pidió ni pide una cuarentena obligatoria, y que el aumento de casos ya está complicando la actividad turística y varias más (incluyendo la del primer nivel de atención de salud, como había reconocido el presidente el lunes).

Pereira propuso volver a convocar al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para que, en el marco de un diálogo político y social, ayude a evaluar el panorama y a definir una orientación.

Todo esto nos acerca a la reinstalación de polémicas de 2021, que se dieron en el marco de una situación muy distinta.

Hoy predomina, con intensa circulación comunitaria, la variante ómicron del virus que causa la covid-19. Esto implica un aceleramiento de los contagios y un amplio predominio de los casos que no requieren internación, por las características de esa variante y por la alta proporción de personas vacunadas. Los riesgos importantes se concentran en la población más vulnerable por su edad, por su estado de salud o por falta de vacunación.

Es lógico reforzar la prevención para esas personas. Para el resto de la población, hay que evaluar con seriedad si es preciso mantener la política de testeos y conteos en escala masiva, que de todos modos debe estar subregistrando la cantidad de casos.

De hecho, esa política es actualmente una causa principal de la presión sobre el primer nivel de atención, ya que una gran cantidad de gente con síntomas leves quiere saber si tiene covid-19, y una de las consecuencias indeseables es la desatención de otras consultas. También hay que analizar si es pertinente mantener las medidas de aislamiento y las licencias por enfermedad ante cualquier diagnóstico positivo.

No son temas para resolver a la ligera. El gobierno de España, por ejemplo, está cambiando de estrategia y la Organización Mundial de la Salud opina que es una decisión prematura porque aún hay grandes incertidumbres.

En Uruguay sería muy útil contar con asesoramiento de calidad (no sólo desde el GACH), y que hubiera una gran disposición de los partidos al diálogo y al compromiso, porque hay que considerar decisiones difíciles e intranquilizadoras para buena parte de la sociedad. Pero más intranquilizador sería que faltaran la madurez y la grandeza necesarias para encarar el desafío.

Hasta mañana.