La posibilidad de una huelga de estudiantes de formación docente fue solo una de las últimas novedades de una semana en la que se siguió tensando la relación entre los gremios de la Educación y las autoridades.
Las medidas de protesta se extienden en distintas ramas de la enseñanza pública, aunque el presidente Lacalle y el ministro de Educación expresaron que la reforma que planean no tiene marcha atrás y que seguirán enviando a la policía para desalojar los locales ocupados.
Para avivar las brasas, un integrante del Codicen opinó que hay que denunciar penalmente a estudiantes y docentes por los daños generados durante la ocupación de los centros de enseñanza.
No olvidemos que el sábado de la semana pasada, además, la casa del presidente del Codicen, Robert Silva, había amanecido con la fachada atravesada por consignas relativas al conflicto, y días después el dirigente colorado realizó una denuncia penal.
Tampoco olvidemos que a pocas horas de la pintada en la casa de Silva, la senadora Graciela Bianchi difamó a un dirigente estudiantil. (También volvió a difamar al presidente de Colombia y explicó que se había “encargado” de un periodista, al que acusó de opositor al gobierno; por esto último, cabe preguntarse por qué el Partido Nacional la precisa en la Cámara Alta).
En este panorama, cuesta reenfocarse en la prioridad del sistema educativo: los estudiantes. Como si hiciera falta un llamado de atención directo, el viernes se conocieron índices de inseguridad alimentaria entre alumnos de primaria y secundaria inadmisibles en una sociedad igualitaria.
Opacidad e indignación
El lunes, el senador frenteamplista Mario Bergara interpeló durante 12 horas a los ministros nacionalistas Luis A Heber y Francisco Bustillo por su responsabilidad en el “caso Marset”. La oposición pidió la renuncia de los secretarios de Estado, pero solamente se removió a un funcionario.
Sin embargo, el asunto está lejos de haberse acabado. El fiscal Juan Gómez tiene elementos para abrir una investigación por las irregularidades en la entrega del pasaporte al narcotraficante, mientras que los procesos judiciales asociados al caso adquieren nuevas derivaciones aquí y en la región.
Incluso el presidente Lacalle, que se había mantenido al margen de la controversia, debió expresarse durante los actos del 25 de agosto. De acuerdo a la Usina de Percepción Ciudadana, casi 70% de la población responsabiliza al gobierno por lo que ocurrió con Marset.
Como recordarán, la semana anterior Heber se había preguntado sobre la conexión entre narcotráfico y política. Durante la interpelación de la que fue objeto, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian propuso volver a discutir la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero la sugerencia implícita -que respondía a la inquietud de Heber- causó indignación entre algunos parlamentarios oficialistas.
Transparentar la forma en que los partidos consiguen fondos para sus campañas sería, sin embargo, una buena manera de proteger a las instituciones uruguayas ante el avance de organizaciones que se mueven con la lógica del capitalismo pero sin las restricciones legales del Estado de derecho. Por lo menos una figura del gobierno, el ministro de Defensa, Javier García, opina de forma parecida.
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