Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
De enero a julio de 2022, cuando Alejandro Astesiano todavía delinquía desde la Torre Ejecutiva, intercambió numerosos mensajes con el cabo de policía Marcelo Fránquez, quien durante la mayor parte de ese período prestó servicios en la seguridad presidencial, pasado en comisión. Las comunicaciones fueron publicadas por la diaria a comienzos de febrero de este año, y en ellas Fránquez se reveló como un derechista emprendedor, dispuesto a que se violara la ley para combatir al comunismo.
En abril de 2022, el cabo le transmitió a Astesiano sus desvelos por el avance de planes de agitación en los liceos de la periferia, mediante el reclutamiento de “guachos que viven en los cantes y están medio descerebrados”, le envió capturas de pantalla tomados de grupos de Whatsapp de alumnos del liceo 41, y le ofreció números de teléfono de presuntos implicados, para que el encargado de la custodia de Luis Lacalle Pou pudiera “intervenir todo y tener una imagen más amplia”. Astesiano aceptó la oferta y recibió datos de docentes y de alumnos de tercer año de ese liceo.
El Ministerio del Interior (MI) dispuso que Fránquez dejara de prestar servicios en Presidencia, lo reintegró a la Jefatura de Policía de Montevideo y lo asignó a la Jefatura de Zona Operacional I, Seccional 5ª. Hubo pronunciamientos sindicales, de gremios estudiantiles, de familiares de liceales y de un integrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. El Frente Amplio (FA) realizó un pedido de informes y el entonces presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, opinó que si la intervención de teléfonos se había “concretado” era “un hecho absolutamente repudiable”.
Silva aseguró que en todo caso se trataba de un hecho aislado y que la Justicia iba a desarrollar las acciones que correspondían. Sin embargo, la entonces fiscal a cargo del caso Astesiano, Gabriela Fossati, dijo que no veía la existencia de hechos con apariencia delictiva.
A mediados de febrero, las autoridades de la ANEP ya daban el tema por terminado. Afirmaron que los números de teléfono habían sido aportados por el padre de un alumno del liceo 41, y que el MI les había informado que no hubo intercepción de comunicaciones. El escándalo fue pasando al olvido, desplazado por varios otros.
Ahora, casi diez meses después de aquel pedido de informes del FA, el MI le dio respuesta. El ministro Nicolás Martinelli contestó que no se había iniciado ningún procedimiento administrativo contra Fránquez, porque sus comunicaciones con Astesiano se produjeron mientras desempeñaba “funciones en comisión” en Presidencia. No respondió por qué puso fin a ese pase en comisión, ni si Fránquez iba a seguir actuando en la Policía como si nada, ni si el MI había realizado alguna investigación sobre estudiantes o docentes del liceo 41 o de otros centros de estudio.
Tampoco mencionó Martinelli que, según le comunicó el MI a Fossati, hubo una “investigación de urgencia” y Fránquez fue interrogado por un ayudante del entonces subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, poco después formalizado por su complicidad con Astesiano en varios delitos. Quizá se le olvidó.
Hasta mañana.