Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Aprobado el proyecto de reforma jubilatoria, quienes se le opusieron estudian, a propuesta del PIT-CNT, la posibilidad de revertir consecuencias de la nueva ley mediante una reforma de la Constitución por iniciativa popular, que se plebiscitaría en forma simultánea con las próximas elecciones nacionales. Apelar a la decisión directa de la ciudadanía es legítimo y parece viable, ya que requiere las firmas de sólo 10% de las personas habilitadas para votar, pero la redacción de un proyecto requiere importantes dosis de inteligencia y sensatez.

Entre los aspectos más controvertidos del proyecto que aprobó el oficialismo hay algunos de contenido y otros de procedimiento. Entre los primeros están, por ejemplo, el aumento de la edad mínima de retiro, varias normas que determinan disminución de prestaciones en relación con los regímenes actuales y el criterio general de corregir la tendencia al déficit sólo con una reducción de los desembolsos del sistema, sin agregar nuevos aportes (salvo los que realicen quienes deban trabajar más años).

Entre los segundos se destaca que la nueva ley sea básicamente un acuerdo de los partidos que integran la coalición de gobierno, a los que el presidente Luis Lacalle Pou les aceptó modificaciones importantes hasta hace pocos días, y no un texto representativo de negociaciones más amplias con la oposición social y política (a la cual, a su vez, el oficialismo le reprocha haber propuesto poco).

En lo que tiene que ver con los procedimientos, se podría exigir una mayoría legislativa especial para las futuras reformas del sistema de seguridad social a fin de que sea forzoso lograr acuerdos entre oficialistas y opositores. Esto tendría el riesgo de dificultar los cambios, pero es un criterio que ya se aplica para otras decisiones parlamentarias con efectos profundos y de largo plazo.

Con las cuestiones de contenido es preciso ser prudente, entre otras cosas porque el mundo del trabajo está cambiando en forma acelerada y porque siempre es posible que los futuros gobiernos afronten situaciones de crisis económica. Lo que quede en la Constitución sólo podría ser cambiado mediante una nueva reforma y corresponde proponer cambios que puedan mantenerse durante un período relativamente prolongado.

Parece temerario dejar grabado en piedra que no se pueda aumentar la edad mínima de retiro o reducir, para las generaciones futuras, los niveles actuales de prestaciones (esto último implicaría, por ejemplo, renunciar a reformas muy reclamadas de la caja militar).

En lo referido a los ingresos del sistema, las normas vigentes ya prevén que surjan de los aportes de empleados y empleadores, de “tributos establecidos por ley” y de la asistencia estatal que sea necesaria. Incluir más detalles en la Constitución puede resultar contraproducente.

Nada de lo antedicho significa que sea desaconsejable una reforma constitucional; sólo señala que habría que pensarla con mucho cuidado y que le exigiría a los actuales opositores acordar y explicitar más sus posturas en materia de seguridad social, señalando con precisión qué alternativas al proyecto aprobado proponen, cosa que sería sin duda saludable.

Hasta mañana.