Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

A menudo se habla en general de los problemas de vivienda en Uruguay, pero abarcan desde los préstamos hipotecarios para sectores con ingresos medios hasta el creciente número de personas en situación de calle, pasando por los inmuebles vacíos y por los asentamientos. Estas y otras cuestiones requieren políticas distintas, y en ningún caso hay soluciones sencillas y rápidas.

Desde que Irene Moreira asumió en 2020 como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (en aquel momento, también de Medio Ambiente), mostró un gran entusiasmo acerca de las perspectivas de la construcción con madera, y su sucesor Raúl Lozano sigue en la misma línea. El oficialismo impulsa incluso que se reserve para esta modalidad 20% de la obra pública y promovida, pero está claro que no es en la actualidad una alternativa más barata o que pueda mejorar mucho las políticas en la materia, sobre todo si pensamos en la “vivienda social”. Además, trae consigo algunas dificultades adicionales, entre ellas la necesidad de replantear normas pensadas para otros materiales, y la inconveniencia de que la oferta sea en su mayor parte de una sola gran empresa.

Mucho más complejo es el tema de los asentamientos, al que es preciso dar respuestas desde varios ángulos porque no se trata, obviamente, sólo de un problema de vivienda, y para tener esperanzas de resolverlo hay que articular, entre otras, políticas sociales, laborales, de infraestructura, de servicios y culturales.

En la última campaña electoral, los entonces opositores se apoyaron en una estimación de la organización no gubernamental Techo para afirmar que durante los gobiernos del Frente Amplio se había producido un gran aumento de los asentamientos, e hicieron promesas con poca viabilidad de cumplimiento, llegando incluso a hablar de una “erradicación”.

Con el paso de los años, las dificultades en el mundo real no fueron superadas, y los logros en esta materia han estado muy por debajo de lo anunciado, sobre todo si contamos solamente lo que se comenzó a hacer en el actual período de gobierno y no lo que había comenzado antes.

Es obvio que, con independencia de lo que se diga con intenciones electoralistas, las políticas de vivienda dignas de su nombre son esfuerzos prolongados, que exceden los quinquenios de gestión. Por el mismo motivo, pese a que en estos días se asegura que el Plan Avanzar de erradicación de asentamientos va a dar grandes resultados a corto plazo, en todo caso puede dejar procesos iniciados (muy probablemente con un considerable endeudamiento a pagar después de 2024).

Además, este programa tardó mucho en empezar a aplicarse por diversas causas, algunas de fuerza mayor y otras vinculadas con decisiones políticas sobre la asignación de recursos, en las que incidieron a su vez pujas internas oficialistas.

Aunque suenen bombos y platillos para la concreción de “soluciones habitacionales” (que no es lo mismo que viviendas) que se cuentan con optimismo por centenares, las necesidades son de una magnitud muy superior, y es insensato crear expectativas de que se verán satisfechas en menos de dos años.

Hasta mañana.