Hoy es 16 de mayo. Faltan 45 días para las elecciones internas y 164 para las nacionales.
La bancada oficialista en el Senado aprobó el martes, a las apuradas, un proyecto de ley sobre servicios de comunicación audiovisual para sustituir al que está vigente. El tratamiento de la iniciativa con carácter de “grave y urgente”, sin discusión previa en comisión, ratificó la gran mayoría de los artículos que ya habían sido aprobados en la Cámara de Representantes, cuyos efectos se comentaron ayer en esta columna, pero también implicó darle luz verde, sin el estudio y la reflexión que correspondían, a un aditivo atroz propuesto por Cabildo Abierto.
Esa nueva disposición, que quedó como artículo 72, fue producto de una negociación con los cabildantes, que habían presentado sin éxito una insensata iniciativa propia en julio de 2021 y lograron que se rescatara algo de ella.
El injerto establece que los medios audiovisuales “tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”, en “todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral”. No parece que quienes lo aprobaron hayan pensado bien lo que hacían.
Los medios que quedarían obligados a cumplir esta norma, exponiéndose a sanciones si no lo hacen, cubrirán el ciclo electoral en curso. Esto implica, por supuesto, una enorme cantidad de “programas y espacios” con “análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político”, cuyo control y censura desde el Estado serían tan arduos como riesgosos para la democracia.
No existen criterios indiscutibles para juzgar si una información política es “completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”, y mucho menos los hay para evaluar si los comentarios y opiniones sobre esa información cumplen con los mismos requisitos. Los medios tratan de acercarse a un ideal que puede ser distinto en cada caso, y la calidad del servicio a la ciudadanía tiene mucho que ver con la diversidad.
Las campañas electorales incluyen innumerables declaraciones, propuestas, acusaciones y polémicas. La idea de que hay una sola manera correcta de abordarlas es ridícula; la idea de un dispositivo estatal que monitoree y juzgue todo lo que hacen los medios en este terreno, para determinar si actúan bien y castigarlos si no lo hacen, es espeluznante. Tienta calificar el criterio cabildante de cuartelero, pero sería injusto para los cuarteles.
La adición del artículo 72 y algunas otras modificaciones aprobadas en el Senado exigen que el proyecto vuelva a Diputados. Allí será posible que quienes integran la bancada oficialista reflexionen un poco más que sus colegas del Senado. Deberían recordar, entre otras cosas, que criticaron la ley vigente por presuntos peligros para las libertades de información y de expresión, que en ningún caso rozan derechos políticos tan básicos como los que este artículo amenaza de muerte.
Hasta mañana.