Hoy es 17 de julio. Faltan 102 días para las elecciones nacionales.

El sistema judicial investigó durante meses las denuncias sobre pago indebido de horas extras y otros delitos por parte de autoridades de la Intendencia de Artigas, y ayer el proceso tuvo un hito con acuerdos abreviados para condenar al intendente nacionalista Pablo Caram, a su primo, el ex secretario general Rodolfo Caram, y a la esposa de este, la exfuncionaria Stefany Severo.

Severo, con la complicidad de su esposo, cobró cientos de horas extras que no realizó ni podía haber realizado, y las condenas de ambos incluyen, además de penas de prisión que se comenzarán a cumplir en un régimen de libertad a prueba, tareas comunitarias, multas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por cinco años.

El intendente fue condenado por omitir la denuncia de delitos, pero su acuerdo abreviado no incluye la inhabilitación, y el mismo resultado negocia su sobrina y suplente Valentina dos Santos. Esta renunció ayer a su banca como diputada por Artigas para asumir como intendenta mientras su tío hace campaña para postularse a la Cámara de Representantes en octubre, y en Artigas está todo preparado para que ella sea candidata a sucederlo en las elecciones departamentales del año que viene. La situación tiene que ver con otras polémicas de los últimos años.

Adrián Peña impulsó en el Senado este año, poco antes de morir, un proyecto que habría exigido el ingreso de personal por concurso o sorteo a los gobiernos departamentales, para prevenir prácticas de favoritismo y clientelismo. La iniciativa no se aprobó porque la rechazó la bancada del Partido Nacional (PN), y desde ella se sostuvo que las miradas montevideanas y centralistas no comprendían las “particularidades” del resto del país, y que se intentaba imponerles criterios en vez de respetarlas.

Fue una línea de razonamiento similar a la que aplicó hace pocos años la dirección del PN con el intendente de Colonia, Carlos Moreira, luego de que se difundiera la grabación de una conversación telefónica en la que este daba a entender, sin el menor disimulo, que estaba dispuesto a renovar una pasantía en el gobierno departamental a cambio de relaciones sexuales.

Aquel escándalo se produjo pocos días antes de las elecciones nacionales de 2019, y la reacción inicial buscó reducir daños. Moreira fue expulsado del sector Alianza Nacional y renunció al PN, pero no a la intendencia. Luego fue postulado en listas nacionalistas de Colonia a la reelección, la logró, se alegó que la voluntad popular había resuelto la cuestión y el intendente se reintegró al partido.

Cuando Pablo Caram logró la reelección en 2020, fue la persona más votada para ocupar la intendencia de Artigas en la historia del departamento. Su sector también tuvo un enorme apoyo en las internas del mes pasado: alineado con la precandidatura de Álvaro Delgado, estuvo en el entorno de 75% dentro del PN. Todo esto tiene sin duda significados políticos, pero carece de importancia para juzgarlo por violaciones de la ley o desde un punto de vista ético. El éxito electoral no absuelve de la deshonestidad, y menos aún si se debe a esta.

Hasta mañana.