Hoy es 7 de agosto. Faltan 81 días para las elecciones nacionales.

Algunas decisiones del oficialismo en estos últimos meses previos a las elecciones tienen una racionalidad evidente, aunque sólo favorezcan sus intereses y los de sus aliados estratégicos. Otras, en cambio, ponen a prueba la lealtad de esos aliados y pueden resultar desconcertantes.

Entre las primeras está la aprobación de la nueva ley de medios, que blanquea y facilita la concentración de la propiedad de las emisoras de radio y televisión, al tiempo que disminuye gravemente la protección de los derechos de los consumidores, la transparencia de las adjudicaciones y los estímulos a la producción uruguaya. Entre las segundas, llama mucho la atención el anuncio de que Diego Labat será el ministro de Economía del nacionalista Álvaro Delgado si este llega a la presidencia de la República.

Lo antedicho no es una crítica a la competencia de Labat, quien estuvo en la presidencia del Banco Central (BCU) desde el comienzo del actual gobierno hasta su reciente renuncia. Además, el economista mantiene desde hace años una relación de asesoramiento y amistad con el candidato, y es lógico que este confíe en él.

La cuestión es que Labat asumió, desde el BCU, la prioridad de contener la aceleración del ritmo inflacionario, que le creó importantes problemas al Poder Ejecutivo en la primera mitad de este período, y que acometió esa tarea con la herramienta ortodoxa de aumentar las tasas de interés. Esto contribuyó a mantener la cotización del dólar por debajo de la que desean los grandes exportadores y otros sectores, cuyas quejas por el “atraso cambiario” han sido frecuentes e intensas en los dos últimos años.

No llama la atención, por lo tanto, que la poderosa Federación Rural y el menguante movimiento Un Solo Uruguay expresen críticas a los antecedentes de Labat y desconfíen de su eventual desempeño al frente del Ministerio de Economía. Lo interesante es que no hagan lo mismo otros sectores que vienen clamando contra las políticas del BCU.

La corriente predominante en el Partido Nacional (PN) defiende una política económica que privilegia muy especialmente los intereses de los grandes productores agropecuarios orientados a la exportación (los famosos “malla oro”) y procura facilitar sus negocios alegando, por lo menos en público, que en algún momento llegará el “derrame” al resto de la sociedad.

Esta posición ideológica les agrada, por supuesto, a quienes se consideran representantes del “país productivo”, pero ellos hacen política por medios que no incluyen la competencia electoral, y por lo tanto les tiene bastante sin cuidado el descontento de la mayoría de los votantes, a los que con frecuencia consideran un conjunto excesivo de personas mantenidas por el Estado con el dinero que le quita “al campo”.

Por el contrario, quienes mandan en el PN tienen que lograr que los voten cada cinco años, y esto les exige evitar que el aumento acelerado de los precios avive el descontento de quienes viven de salarios y jubilaciones, por lo menos en los períodos preelectorales. Esto les molesta a los “malla oro” porque la alianza es, como se dijo al comienzo, de carácter estratégico, no táctico.

Hasta mañana.